Incertidumbre por alimentación de los detenidos del país a partir del mes de agosto, pues alcaldías y gobernaciones no tienen recursos.
La Corte Constitucional ordenó a alcaldías y gobernaciones asumir el pago de la alimentación de los detenidos en municipios de Colombia.
Es decir que los entes territoriales deberán velar por la prestación de este servicio para los sindicados o indiciados que aun no son condenados y se encuentran en centros de detención transitorios como estaciones de policía, Unidades de Reacción Inmediata -URI- y Centros de Atención Inmediata -CAI-.
Dicho fallo se dio en respuesta a una tutela expuesta por el personero de Palestina, Caldas, en la cual denunció malas condiciones de los alimentos que eran entregados a los detenidos debido a demoras en el suministro.
Sumado a esto el próximo 31 de julio se vence el contrato de quien presta esta función que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec- entidad que dijo no tener más recursos para llevar a cabo esta tarea.
Por esta razón la corte ordenó «a las entidades territoriales que tienen bajo su jurisdicción inspecciones, estaciones, subestaciones de Policía, URI y centros similares que, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, garanticen que las personas privadas de la libertad en estos lugares cuenten con las condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficientes».
En el Quindío no hay plata pagar alimentación de detenidos
Ante esta nueva medida la reacción fue inmediata por parte de alcaldes del departamento del Quindío y el gobernador Roberto Jairo Jaramillo, que a su vez es el actual presidente de la Federación Nacional de Departamentos -FND-.
El mandatario departamental se quejó de que desde el Gobierno Nacional se les estén asignando más obligaciones a los entes territoriales, pero sin destinación de recursos ante la precaria condición presupuestal de los municipios que no saben cómo van a responder.
En ese sentido señaló que sostener la alimentación de los detenidos le costaría en promedio 5 o 6 millones pesos diarios a localidades como Montenegro, por ejemplo. [Lea también: Crisis carcelaria en el Quindío. Hacinamiento es hasta del 400%]
Quien también se pronunció al respecto fue el secretario de Gobierno de la ciudad de Armenia, Andrés Buitrago Moncaleano, quien manifestó que desde Asocapitales se interpondrán acciones legales contra la sentencia, pues ninguno de los municipios tiene un plan de adquisición de recursos para ejecutar la orden de la Corte.
Mandatarios de municipios como Calarcá, Montenegro y Circasia rechazaron la imposición toda vez que manifestaron a Caracol Radio Armenia no contar con el presupuesto y advirtieron sobre la grave crisis de hacinamiento carcelario que podría agudizarse a raíz de esta situación.
Por su parte la directora de Asocapitales, Luz María Zapata, señaló que el Uspec no puede generar esta crisis pues los municipios no tienen cómo asumir estas responsabilidades con la población de privados de libertad.
Entre tanto el director de la Uspec, Ludwing Valero, expresó que no es un capricho suyo desprenderse de la responsabilidad de alimentar a los detenidos, sino que todo obedece a la ley y a la orden constitucional.
