Crisis carcelaria en el Quindío. Hacinamiento es hasta del 400%. Radican incidente de desacato contra autoridades quindianas por la situación
La fuga de presos de la permanencia de Calarcá la semana anterior, puso de nuevo en evidencia la crisis carcelaria en gran cantidad de reclusorios del departamento.
Solo en el centro de retención transitoria del comando de Policía Quindío el hacinamiento supera el 400%. La situación es tan grave que no solo se presentan fugas, sino protestas y huelgas de hambre por parte de los internos y sus familias
Con respecto a este tema la Procuraduría Judicial Penal radicó un incidente de desacato contra la gobernación del Quindío y las alcaldías de Armenia y Calarcá, además de la Policía Nacional y el Instituto Penitenciario y Carcelario -Inpec- por el hacinamiento y el incumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia de marzo reciente que obligaba a mejorar la situación a los presos en un término de 2 meses.
Frente a esta situación el Tribunal Superior de Armenia ordenó a las autoridades garantizar la dignidad humana y la salud de los 282 privados de la libertad que se encuentran en los calabozos de la Sijín, la URI de la Fiscalía y los CAI Santander y La Isabela, en Armenia, así como en las estaciones de Policía de los municipios de La Tebaida y Quimbaya, en Quindío.
En ese sentido ordenaron que en el término de un año como máximo, los entes territoriales de las localidades involucradas, así como la gobernación, Inpec y Uspec, tendrán que disponer de inmuebles que cuenten con condiciones de seguridad, salubridad e higiene para trasladar temporalmente a personas recluidas en los denominados centros de detención transitoria y disminuir el hacinamiento.
Precarias condiciones de los presos en el Quindío
Según lo denunciado hay reclusos hacinados hasta en los patios a la intemperie, sin baño, durmiendo en suelos mojados o unos encima de otros, lo que demuestra que no tienen las condiciones mínimas de dignidad, lo que requiere de acciones inmediatas para el restablecimiento de sus derechos.
Tampoco hay condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad, pues en centros como el de Calarcá, las paredes no son reforzadas y tampoco hay suficiente personal que cuide de los presos. Ni siquiera hay espacio para recibir visitas de abogados o familiares, y mucho menos cuentan con atención en salud.
Juan Camilo Meza, defensor del Pueblo en el quindío, señaló que es importante que el gobierno nacional y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, agilicen la construcción del pabellón de sindicados en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, el cual fue anunciado hace un par de años y que es necesario para desocupar en su justa medida los centros transitorios del Quindío.
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