La JEP ordenó arrestar a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán

La Justicia Especial para la Paz -JEP- ordenó el arresto por dos días de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.

Por “poner en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz”, la Jep -Jurisdicción Especial para la Paz-, ordenó dos días de arresto para la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

La decisión la tomó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, luego de concluir que la mandataria «ha incurrido en falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas a la Gobernación por la misma JEP para proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada en ese departamento.

El caso por el que la gobernadora está en líos se trata de audiencias entre la jurisdicción y la Gobernación para revisar el cumplimiento de medidas cautelares.

El pasado 28 y 29 de noviembre, la JEP citó a una audiencia a la gobernadora, quien delegó a uno de sus funcionarios para que asistiera.

El funcionario fue William Hernández Arias, subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Valle, quien se presentó solo el primer día de audiencias, pero el segundo, cuando le correspondía hablar a la Gobernación, no se presentó.

Al día siguiente a su ausencia, el ciudadano presentó una excusa en la que argumentaba su inasistencia por problemas lumbares, pero la JEP manifiesta que “no se adjuntó incapacidad médica ni evidencia alguna de haber informado a la Gobernadora sobre su imposibilidad para concurrir a la audiencia, para la cual fue delegado mediante Decreto”.

Para la Sección, a pesar de que hubo un delegado por parte de la gobernadora, eso no la libra de culpa, pues, según los magistrados, se desentendió totalmente del tema, lo cual no podía hacer.

Consideran en la JEP que “las referidas fallas en la supervisión y control necesarios sobre su delegatario, comprometen la responsabilidad de la mandataria departamental.

Igualmente, la JEP ordenó el arresto “inconmutable de 5 días del señor William Hernández Arias, Subsecretario de Convivencia y Seguridad del Departamento del Valle del Cauca por su inasistencia al segundo día de la Audiencia”.

«Paramilitares financiaron campañas de Uribe, Pastrana y Serpa»: Salvatore Mancuso ante la JEP

Volvió a causar revuelo Salvatore Mancuso ante la JEP, esta vez dijo que paramilitares financiaron campañas de Uribe, Pastrana y Serpa.

En una nueva sesión con la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso habló sobre el apoyo que brindaron las paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- a algunos políticos que incluso llegaron a ser presidentes del país.

Esta jornada estuvo enfocada en las alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública tanto para campañas políticas como para ejecutar acciones criminales en contra de líderes políticos, sociales y periodistas.

Mancuso indicó que las AUC influyeron en las elecciones al Congreso y presidencia del año 2002, año en que fue elegido como mandatario Álvaro Uribe Vélez.

Las Autodefensas intervinieron directamente en las elecciones al Congreso el 10 de marzo de 2002 y también en las elecciones presidenciales de mayo. También hubo apoyo en elecciones por ejemplo a Horacio Serpa (qepd), a Andrés Pastrana y a Uribe”, apuntó el convicto ante la JEP.

Salvatore Mancuso también aseguró ante la JEP que los paramilitares apoyaron a políticos como Zulema Jattin y Julio Manzur con quienes según su versión tenían pactos.

El exparamilitar indicó que las pruebas detalladas sobre el apoyo a las campañas políticas las entregará en sesiones reservadas por temas de seguridad.

 

Gustavo Petro, Álvaro Leyva y Piedad Córdoba fueron objetivos militares del DAS y paramilitares

El exjefe paramilitar también aseguró que hubo estrechas relaciones entre el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y los paramilitares con quienes tejieron varias acciones criminales.

Según él, quien les entregó información fue el propio jefe de inteligencia José Miguel Narváez, quien habría apuntado como objetivo militar a Gustavo Petro, Álvaro Leyva y Piedad Córdoba, sobre esta última habría dicho que las AUC debieron asesinarla cuando la tuvieron secuestrada.

“Cuando la Fiscalía buscaba las fosas de las autodefensas y hacían operativos para capturar a miembros de las AUC, quien escondía y transportaba a los comandantes era el DAS, en los carros de la institución incluso con brazaletes o chalecos del DAS”, dijo.

Mancuso señaló que se hizo al control total de esta entidad en departamentos como Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Incluso reconoció que en esa lucha conjunta que emprendieron contra las guerrillas realizaron masacres como la urbaco-Bolívar y otros asesinatos en los cuales muchas víctimas eran inocentes.

 

«Uribe le quitó el esquema de seguridad al alcalde de El Roble y nosotros lo matamos»: Mancuso

El exjefe de las AUC también confesó que los paramilitares asesinaron a Edualdo Díaz, alcalde de El Roble, quien días antes de su muerte denunció que su vida corría peligro en un encuentro comunitario con presencia del gobernador de Sucre, Salvador Arana y el entonces presidente Álvaro Uribe.

Según Mancuso, los paramilitares aprovecharon cuando Uribe le retiró la seguridad al burgomaestre para asesinarlo.

Frente a todas estas acusaciones los involucrados por supuesto salieron a desmentir las versiones, el primero de ellos fue Uribe quien afirmó que «nadie quien me conozca puede afirmar que ordene quitar protecciones a personas».

En ese sentido sostuvo que las declaraciones de Mancuso solo obedecen a una venganza en su contra porque fue el mandatario que los extraditó a los Estado Unidos.

Al igual que Uribe, el expresidente Andrés Pastrana salió a decir que todo era falso, por lo que ambos lo denunciarán ante la Fiscalía por injuria y calumnia, mientras los familiares del fallecido Horacio Serpa rechazaron los pronunciemientos de Mancuso.

Postobon, Coca Cola y Bavaria apoyaron a paramilitares según Salvatore Mancuso

En la primera sesión de Salvatore Mancuso ante la JEP contó que tuvo apoyo de políticos y empresas para promover el paramilitarismo.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso empezó a comparecer su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- sobre cómo los grupos paramilitares se fortalecieron gracias a vínculos con la fuerza pública, políticos y hasta apoyo de multinacionales. 

De igual manera se refirió al papel que jugaron las Cooperativas de Seguridad denominadas ‘Convivir’, las cuales describió como fachadas para multiplicarse en el país.

Dichas estructuras además habrían sido financiadas por grandes empresas como Postobón, Bavaria, Coca Cola y Ecopetrol, entre otras.

 

Pacho Santos y otros políticos le pidieron crear bloques paramilitares

Una de las declaraciones más polémicas fue el señalamiento al uribista Francisco ‘Pacho’ Santos, sobre quien indicó que le pidió crear un bloque capital en Bogotá de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- .

En ese sentido también señaló que el expresidente de Fedegan, Juan Visbal Materlo, le pidió la presencia de estos grupos ilegales en departamentos como Bolívar, Cesar y Magdalena.

Sobre Pedro Juan Moreno, funcionario de Álvaro Uribe durante su gobernación en Antioquia, afirmó que fue el sujeto que lo asesoró en la conformación de un grupo armado en el norte de Colombia. 

 

Paramilitares patrullaban con fuerza pública y Mancuso hasta tenía uniforme y carné

Mancuso reveló además que patrulló con la fuerza pública, incluso realizaba retenes donde de manera irregular acusó a campesinos de ser guerrilleros y hasta tuvo carné de la brigada 11 y uniforme de la policía cívica.

«Yo quedé al mando de un grupo especial del cual hacían parte miembros del Ejército y miembros de Guerrilla. Se daban de baja a población civil que se identificara como guerrillerosNos entregaban listados e íbamos y golpeábamos a las casas y los matábamos”, relató.

Y agregó que en su estrecha relación con políticos y militares se le facilitó acceder a armas legales e ilegales.

 

 

Falsa desmovilización de guerrilla EPL en el gobierno Samper para fortalecer las AUC

Por último el expara extraditado a Estados Unidos reconoció que la desmovilización de guerrilleros del Ejército Popular de Liberación -EPL- en 1996 fue un fraude, del cual tuvo conocimiento el gobierno de Ernesto Samper a través de Gustavo Serpa.

Al parecer el exministro del Interior acordó con Carlos Castaño la falsa dejación de armas con el propósito de que los subversivos se sumaran a las filas de las AUC.

Según Mancuso, tanto el general Leonardo Barrero como el coronel Leonardo Ortiz Chavarro participaron y con Ortiz “se organizó todo” para llevar a los exguerrilleros que se iban a “reincorporar” a la finca Cedro Cocido en lo que denominaron una ‘obra de teatro’.

 

Hornos crematorios y fosas comunes

Además reconoció algunas prácticas macabras, como la existencia de hornos crematorios para desaparecer a las víctimas, según el criminal hay por lo menos 200 fosas comunes en Venezuela y por último confesó que políticos venezolanos lo buscaron para asesinar al expresidente de Venezuela Hugo Chávez.

A continuación puede escuchar la audiencia completa. La JEP además tendrá nuevas sesiones con Mancuso este viernes 12 y los próximo 15 y 16 de mayo.

La JEP exhumó varios cuerpos en Salento e hizo y verificaciones en otros municipios del Quindío

La JEP exhumó varios cuerpos en Salento e hizo y diagnósticos de lugares de interés forense en municipios como Pijao y Circasia en el Quindío.

La Fiscalía en compañía de miembros de la Justicia Especial para la Paz -JEP- adelantó la exhumación de varios cuerpos en el cementerio El Carmelo de Salento, así como la elaboración del diagnóstico de lugares de interés forense en municipios como Pijao y Circasia en el Quindío.

Los lugares de interés forense son zonas donde se presupone hay cuerpos sepultados de personas desaparecidas, víctimas y/o actores del conflicto armado. Estos puntos serán objeto de intervenciones de manera articulada entre el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas -Grube-, la Fiscalía y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP durante este semestre.

Los procedimientos obedecen a lo ordenado por el Tribunal de la JEP en noviembre pasado, que determinó la exhumación de varios cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en medio del conflicto armado.

Estos procedimientos además se realizan luego de que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- le solicitó a la JEP adoptar medidas cautelares en distintas zonas del país, para la protección de los cuerpos de personas que fueron sepultadas en condición de no identificadas en cementerios y fosas comunes.

Por ello, la JEP adoptó medidas cautelares, en cementerios ubicados en Risaralda y Quindío. El trámite ha contado con la participación de La Corporación Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos), el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Équitas) y el Centro de Estu​dios sobre el Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat).

«La desaparición es un crimen atroz que mantiene a los familiares de las víctimas en un estado de zozobra permanente, por lo cual el hallazgo, la identificación y la entrega digna de sus seres queridos es un objetivo y un compromiso del Sistema Integral para la Paz», explicaron desde la JEP.

 

Espacio de memoria a través del arte

Espacio de memoria a través del arte

La JEP además adelanta algunos talleres en Salento en los que participan víctimas del conflicto armado, excombatientes y comunidad en general que desee participar, en los que se busca generar cercanía para realizar acciones reparadoras con el fin de dignificar a las víctimas de delitos tan atroces como la desaparición forzada.

Vale la pena aclarar que las víctimas no son solo los desaparecidos, sino sus familias y allegados cercanos que tuvieron que pasar por el dolor de no volver a ver a su ser querido, sin saber qué le pasó.

En estos espacios a través del arte se hace memoria del conflicto de una manera en la que se pueda reanimar un recuerdo positivo con el que se busca dar dignidad y paz a las víctimas. Participan en estos, principalmente, miembros de diferentes organizaciones de víctimas del municipio y el departamento.

«Quindío necesita una morgue desde hace 25 años»: Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo regional denunció que el Quindío necesita una morgue para poder cumplir lo exigido por la JEP en la exhumación de cadáveres.

El departamento del Quindío necesita una morgue para cumplir con la exhumación de cuerpos ordenada por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en los cementerios locales, en los cuales se presume hay desaparecidos del conflicto armado.

La situación la expuso el Defensor del Pueblo regional, Juan Camilo Mesa, que señaló además que se están adelantando trámites legales para interponer una acción popular que obligue a la construcción de este sitio en Armenia.

«Antes de inhumar un cadáver, es en la morgue con todos los protocolos que se deberán tomar los elementos que permitan a futuro la investigación e identificación plena para esclarecer la verdad», afirmó el Defensor.

Actualmente el único lugar del territorio para las necropsias clínicas o forenses está en Calarcá en el hospital La Misericordia, donde estaría funcionando con las condiciones mínimas, de acuerdo con el relato del funcionario.

«Las necropsias se hacen en dos neveras que nos prestan y que si se va luz, Dios mío, los cadáveres empiezan a descomponerse y no hay morgue departamental hace 25 años, puntualizó Mesa.

Vale la pena mencionar que de no contar con las condiciones que requiere una morgue para hacer la exhumación de los cadáveres, este proceso se dilataría más, ya que los cuerpos tendrían que ser enviados hasta Bogotá para que luego Medicina Legal haga el respectivo estudio forense.

Con información de Caracol Radio Armenia.

«En cementerios de 11 municipios quindianos podrían estar cadáveres de desaparecidos»: JEP

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, «En cementerios de 11 municipios quindianos podrían estar cadáveres de desaparecidos en el conflicto armado».

La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizará los días 16 y 17 de noviembre en Marsella, Risaralda, una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre 27 cementerios de Quindío y Risaralda donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado.

La sección pudo establecer que, como ha ocurrido en otras regiones de Colombia, la información no es clara ni uniforme frente a las cifras de víctimas de desaparición forzada. Según la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas de desaparición forzada y 1.388 indirectas, y en Quindío, 158 víctimas directas y 416 indirectas.

En el Quindío, la JEP ordenó medidas cautelares en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia.

Las alcaldías y parroquias de ambos departamentos también han entregado información a la JEP sobre los inventarios relacionados con cuerpos no identificados -CNI- y cuerpos identificados no reclamados -CINR- de posibles víctimas del conflicto armado, informes que también serán contrastados por la sección.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta 2.967 víctimas de desaparición en los dos departamentos y la UBPD suma 1.224 personas desaparecidas en estos departamentos.

Según los informes del Ministerio del Interior, podrían encontrarse 2.261 cuerpos no identificados y 539 cuerpos identificados y no reclamados en los cementerios sobre los cuales se impusieron las medidas cautelares en Risaralda y Quindío.

En Risaralda, los cementerios que tienen medidas cautelares ordenadas por la JEP son los de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.

 

¿Qué se hará en la audiencia?

Durante la audiencia, que será pública y transmitida por los canales oficiales de la JEP, la sección recibirá y revisará diversos informes sobre los cementerios protegidos, realizados por la Unidad de Investigación y Acusación -UIA-, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, así como la gestión de diferentes autoridades del orden nacional que tienen el deber de conservar, custodiar y proteger los cuerpos de las víctimas.

En la misma audiencia, la sección verificará si dichos cuerpos son ubicables, si han sido exhumados por orden de alguna autoridad o si se ha perdido el rastro por diversas causas, entre las que se incluyen las malas prácticas de los cementerios evidenciadas en otros trámites.

Con la información recaudada previa y durante la audiencia, y las demandas de verdad que presenten las víctimas, la magistratura decidirá si prorroga las medidas cautelares que impuso desde 2021 en 27 cementerios de Quindío y Risaralda, o si ordena su levantamiento.

En la diligencia participarán 11 organizaciones de víctimas y organizaciones territoriales de buscadores de personas desaparecidas.

 

¿Por qué la audiencia en Marsella, Risaralda?

Marsella es uno de los municipios con mayores registros de recepción de cuerpos no identificados en el Eje Cafetero. Según el Ministerio del Interior, allí habría, al menos, 553 cuerpos de personas desaparecidas, de los cuales 406 se encontraban en dicho lugar para el año 2015.

Un gran porcentaje de estos cuerpos podrían corresponder a víctimas de la Masacre de Trujillo, ocurrida en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, Valle del Cauca, entre 1986 y 1994. Durante los hechos ocurridos a lo largo de estos años, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca.

Las medidas cautelares fueron ordenadas por la JEP en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de víctimas de desaparición forzada, a la cual se sumó el Colectivo Orlando Fals Borda. Esta solicitud, incluyó los departamentos de Risaralda y Quindío.

Con información de: jep.gov.co