Jóvenes desde los 14 años recibirán $1 millón para evitar la delincuencia, vea cómo a través de programa de Gobierno Nacional.
El recién creado Ministerio de la Igualdad, en representación del Gobierno Nacional, se propone otorgar un subsidio mensual de un millón de pesos a aproximadamente cien mil jóvenes que residen en áreas históricamente afectadas por el conflicto armado en Colombia.
Esta iniciativa se llevará a cabo a través del Decreto 1649 de 2023, que establece la implementación del programa nacional denominado ‘Jóvenes en Paz’.
De acuerdo con el documento el programa se orienta a jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 28 años, que se encuentren en situaciones de extrema vulnerabilidad, pobreza o en riesgo de involucrarse en actividades delictivas.
Según la normativa, el programa se desarrollará a nivel nacional y abordará áreas como la salud emocional, mental y física, educación, vida familiar y comunitaria, deporte, recreación, ocupación, empleo, emprendimiento, arte, cultura y formación ciudadana.
El programa se ejecutará durante un periodo inicial de seis meses, que podría extenderse hasta un máximo de 18 meses, dependiendo del cumplimiento de los compromisos acordados.
Requisitos para aplicar a ‘Jóvenes en de paz’
- Estar en condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad económica
- Tener su residencia habitual en zonas rurales.
- Ser víctimas o estar en riesgo de explotación sexual.
- Estar vinculados o en riesgo de vincularse a actividades delictivas, violencia o reclutamiento forzado.
- Encontrarse en situación de vulnerabilidad debido a su residencia en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.
Es importante destacar que el programa establece restricciones en cuanto a la transferencia de recursos monetarios, de modo que aquellos jóvenes que ya reciban otras ayudas económicas del Gobierno, como ‘Jóvenes en Acción’, o que tengan órdenes de captura, medidas privativas de la libertad, no podrán beneficiarse de esta iniciativa.
Adicionalmente, se proporcionará orientación sociojurídica a los jóvenes beneficiarios en relación con procesos penales que puedan estar enfrentando.
El objetivo es fomentar la comprensión de las implicaciones legales de sus acciones, la asunción de responsabilidad por los daños causados y la reparación de posibles perjuicios causados a terceros.
La implementación de esta orientación sociojurídica será responsabilidad del Ministerio de Justicia, en colaboración con el Sistema Nacional de Defensoría Pública y el Ministerio de Igualdad, quienes podrán involucrar a entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, cooperación internacional y otros actores pertinentes.
