Denuncian violación a privacidad de los colombianos en redes sociales por parte de la Policía

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El investigador Juan Poe denunció a través de su sitio web un millonario contrato de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional -Dipol- que permitiría perfilar y rastrear usuarios en redes sociales, como periodistas, políticos y activistas.

De acuerdo con la investigación de Poe, la Dipol contrató un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial» a la Unión Temporal Phoenix por valor de $4.291’887.714, la empresa es representada por Carlos Enrique Rosero Cerón, empresario de la industria tecnológica y oriundo de Palmira. Dicho contrato tiene fecha del 22 de julio de 2021.

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No obstante, el periodista denunció que al país se le ha ocultado que la Unión Temporal Phoenix se encuentra conformada por la empresa bogotana Newstat SAS y por Mollitiam Industries SL empresa de Toledo, España a la cual el Ejército colombiano contrató en 2019 para adquirir un sistema de ciberdefensa llamado el «hombre invisible» que consistía en espionaje.

Precisamente a esta empresa se le encargó la labor de suministrar el software para la Dipol.

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La denuncia sobre el contrato de 2019 la hizo la Revista Semana en el año 2020 y en ella cita a una fuente militar que describió las funciones del software brindado por la empresa española.

«Permitía ingresar a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general a lo que se tuviese almacenado en la memoria de la máquina infectada mediante la instalación de un virus indetectable que el sistema depositaba en los ordenadores y celulares», señaló la fuente del ejército.

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Estos hechos le costaron el puesto al por entonces General del ejército Nicacio Martínez. Es precisamente por este antecedente por el cual se especula sobre las posibles prácticas de espionaje político que pueda ejercer la Dipol.

Según las condiciones técnicas de la contratación, el sistema debe permitir el monitoreo de redes sociales como Facebook, Telegram, Twitter, Instagram y perfilar las cuentas más influenciadoras o con mayor interacción. Asimismo debe permitir su geolocalización o ubicación.

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De igual manera el ciberespionaje permitiría hallar la identidad del usuario, analizar sus seguidores, sus hashtag, sus reetweet, sus comentarios, sus menciones en las redes sociales y por supuesto su ubicación geográfica.

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La investigación precisa que Mollitiam Industrias debe permitir un perfilamiento en la base de datos de la Dipol con elementos como nombre de usuario, identificación, fecha de nacimiento, ubicaciones y direcciones (incluidos lugares de trabajo, educación, relaciones comerciales), IP de páginas Web, el dominio y el nombre de quien la administra.

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Por último la investigación de Poe señala que de acuerdo con la ley 1621 de 2013 la información que eventualmente se obtenga mediante este sistema de ciberespionaje sobre usuarios de redes sociales podría tener como destino una Junta de Inteligencia conformada por el Director de la Dipol, el Ministro de Defensa Diego Molano, un asesor del Presidente de la República, directores de organismos de inteligencia y contrainteligencia, el jefe de Inteligencia del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, e incluso el propio Comandante de las Fuerzas Armadas Luis Fernando Navarro Jiménez, del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro y el de la Fuerza Aérea Ramsés Rueda Rueda.

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Comunicado de la Policía sobre la denuncia

La Policía Nacional emitió un comunicado donde afirman que la herramienta tecnológica adquirida «no es invasiva, toda vez que consulta información de carácter público, por tanto, no vulnera la esfera de la intimidad personal, habeas data, datos privados ni se utiliza para la ubicación y rastreo de personas», señalaron.

En ese sentido enfatizan en que la herramienta tecnológica está regulada por las disposiciones legales establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano.

De igual manera argumentan que el objetivo de este contrato radica en la necesidad de combatir y prevenir las diferentes amenazas a la seguridad ciudadana surgidas del entorno digital, como la pornografía infantil, la trata de personas, la estafa y la suplantación de personas a través de las redes sociales.

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