La Contraloría halló un posible detrimento en el Ejército Nacional de $2.318 millones por la compra de 52 visores nocturnos que no cumplen estándares militares y solo sirven para alpinismo y deportes extremos. Dicho contrato firmado por 4 años es del 27 de septiembre de 2017.
“Se determinó que los bienes recibidos por el Ejército Nacional, al no ser de uso militar y no cumplir con los estándares de calidad requeridos, no satisfacen ni van a satisfacer la necesidad para la cual fueron adquiridos: ser usados por las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano en operaciones militares”, explicó el ente de control.
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El detrimento sería consecuencia de las malas gestiones y decisiones del Estado, así como su control ineficaz para la recepción de bienes. En este caso el negocio se hizo entre la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana (Acofa) y la empresa extranjera Aviacpol USA Corp.
La Contraloría informó que los visores llegaron al Ejército el 28 de diciembre de 2017, sin embargo, no superaron las pruebas y se decidió devolverlos al contratista, ejerciendo la debida garantía técnica contemplada en el contrato.
El 4 de octubre de 2018, las autoridades recibieron de nuevo los elementos e indicaron que estaban aptos para el servicio, posteriormente se realizó el pago por parte del Ejército y la Central Administrativa y Contable de Aviación.
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Sin embargo, tras una entrevista que tuvo el órgano de control fiscal con el funcionario encargado de realizar el peritaje técnico a los visores descubrió que no son aptos para uso militar. “Su denominación la refieren como CK-1500 y esa referencia no existe en ningún manual técnico de mantenimiento, los cuales deben ser expedidos por los fabricantes de los visores nocturnos, homologados también por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos” señaló el perito.
Varios miembros del Ejército encarcelados por el detrimento
Por estos hechos la Fiscalía expidió medida de aseguramiento contra l coronel (r) Gustavo Adolfo Valbuena, quien para la época fue el director de la Acofa, el coronel (r) Ariel Ortiz, director de la Central Administrativa y Contable (Cenac) de Aviación, y contra el coronel activo Abdías Capera Tovar, quien fungió como gerente del proyecto.
La misma suerte corrieron al teniente coronel William Miranda, supervisor del contrato, al sargento primero Ervin Riaño Gómez, miembro del comité estructurador, al sargento mayor (r) Carlos Castaño, estructurador de la ficha técnica, al sargento mayor (r) Julio Ñustes, miembro del comité evaluador, al mayor Edwin Martín Campo, asesor contractual, al sargento (r) José William Bustos y al intendente (r) Kendry Caro, ambos inspectores, y a Harold Bocanegra, contratista de Aviacpol USA Corp.
El ente investigador añadió que incluso pudo presentarse falsificación de firmas, por lo que también sugirió mantener detenidos en prisión a los implicados ya que libres podrían representar una obstrucción a la justicia, «como también resulta probable que los imputados no comparecerán al proceso o no cumplan la sentencia», concluyó el fiscal a cargo de la investigación.
Con información de El Espectador.
