Sin sanción disciplinaria quedó la corrupta Luz Piedad Valencia

Tras el vencimiento de términos reclamado por abogados, sin sanción disciplinaria quedó la corrupta Luz Piedad Valencia.

A pesar de haber sido condenada penalmente por el escándalo de la valorización, la Procuraduría dejó sin sanciones disciplinarias a la corrupta Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia en el periodo 2012-2015.

El ente de control había sancionado con destitución del cargo y una prohibición de 18 años para ejercer cargos públicos, no obstante, así quede libre de esa acción disciplinaria debido a su condena penal no podrá contratar con el Estado.

¿Por qué Luz Piedad Valencia y 3 exfuncionarios de la alcaldía de Armenia quedaron sin sanción disciplinaria?

La razón detrás de esta decisión se basa en la prescripción del caso. Después de cinco años sin ningún fallo, la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de elección popular de la Procuraduría General de la Nación declaró la terminación de la acción disciplinaria contra Valencia Franco y a tres exfuncionarios más.

El fallo proferido el 30 de abril de 2024, también afecta al exsecretario de Infraestructura, Julio César Escobar, al exdirector del Departamento Jurídico, Ricardo Arturo Ramírez Londoño, y a Juan Sebastián Londoño Forero, ex subdirector de la misma oficina. Estos funcionarios habían sido sancionados previamente con destitución e inhabilidad de 15 años para ejercer cargos o contratos con el Estado.

La denuncia contra la exalcaldesa y los exfuncionarios fue interpuesta por miembros de la Mesa de la Construcción y la Infraestructura de la alcaldía de Armenia. Las irregularidades estaban relacionadas con la contratación de seis obras financiadas con dineros del cobro de la valorización entre los años 2014 y 2015.

Con esta decisión lo que cambia por el momento es que los otros 3 exfuncionarios implicados en el caso sí podrán contratar nuevamente con el Estado a pesar de que en un principio habían sido sancionados con destitución e inhabilidad de 15 años para ejercer puestos o contratos.

Vale la pena mencionar que por el caso de valorización en que la exmandataria se apropió de aproximadamente 17 mil millones de pesos, la justicia ordinaria solo la condenó a 5 años en prisión, de los cuales solo estuvo 3 años en la cárcel.

Cargos a Telecafé por saltarse la ley en contrato con MinInterior

La Procuraduría formuló cargos por anomalías en contrato entre Telecafé y el ministerio del Interior que ascendía a los $61.900 millones.

Por presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre el Ministerio del Interior y Telecafé en 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al entonces secretario general del Ministerio del Interior, Juan Manuel Reyes Álvarez; al director de la Autoridad Nacional de Consulta previa, Álvaro Echeverry Londoño, y al exgerente encargado de la citada sociedad de televisión, Martín Fernando Montoya García.

Según el órgano de control, al parecer, para el 24 de marzo de 2023, fecha en que se suscribió el convenio interadministrativo que superó los $ 61.900 millones, Telecafé no tenía la idoneidad y capacidad técnica y física para prestar los servicios de operación logística de los eventos, encuentros y actividades requeridos por el Ministerio y contratados de manera directa.

De acuerdo con la Procuraduría las pruebas muestran que esa firma celebró seis contratos de prestación de servicios con igual número de empresas, por $ 57.000 millones, para ejecutar las mismas obligaciones y suministrar los mismos elementos convenidos con la cartera del Interior.

Es decir, se subcontrató toda la operación y suministro del cuestionado contrato interadministrativo sin dejar ningún ítem a cargo de Telecafé.

En consecuencia, la sociedad de televisión de Caldas, Risaralda y Quindío, Telecafé, habría fungido “como un simple intermediario, eludiéndose adelantar el proceso de selección que correspondía”, agregó el ministerio Público.

Por estos hechos formuló cargos a Reyes Álvarez y Montoya García, quienes suscribieron el señalado contrato interadministrativo y a Echeverry Londoño quien elaboró el estudio previo y la justificación del convenio según la cual, Telecafé tenía la capacidad para ejecutar las obligaciones contratadas. 

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación estatal calificó las conductas reprochadas provisionalmente a los tres investigados como gravísimas a título de culpa gravísima.

Inhabilitaron por 10 años a interventores de obras de valorización en Armenia por permitir desvío de dinero

Por permitir la desviación de más de 19 mil millones de pesos, inhabilitaron por 10 años a interventores de obras de valorización en Armenia.

El mayor escándalo de corrupción en los últimos años en Armenia sigue haciendo eco tras conocerse nuevas sanciones a involucrados en el descalabro que significó las obras de valorización durante la administración municipal de la corrupta Luz Piedad Valencia.

En las últimas horas la Procuraduría inhabilitó y multó a Andrés Leonardo Lasso Aguirre y Ángel José Angarita Pareja, quienes no podrán desempeñar funciones públicas ni contratar con el Estado durante 10 años, debido a que presuntamente incumplieron sus deberes como interventores de los contratos 012 y 031 de 2015 de las obras de valorización en las vigencias 2015 y 2016.

Interventores permitieron desvío de más de 19 mil millones de pesos de valorización en Armenia

El ente de control indicó que Lasso Aguirre “omitió vigilar y controlar los dineros de las obras de valorización entregados por la alcaldía como anticipo de los contratos por valor de $19.174’745.467, conducta con la cual permitió que las uniones temporales Vías de Armenia y Puentes de Armenia que estaban a cargo de la realización de los trabajos, se apropiaran de esa suma”.

En el caso de Angarita Pareja el ministerio público comprobó que incumplió su deber de informar a la administración municipal los hechos de corrupción presentados durante la ejecución de los contratos financiados con recursos que fueron destinados a sufragar compromisos diferentes a los pactados en el objeto de los mismos.

La Procuraduría recalcó en el fallo de primera instancia, que una interventoría ‘amiga o corrupta’ “jamás podrá verificar el adecuado desarrollo de los compromisos contractuales del contratista” y aseguró que el interés particular de los contratistas se antepuso al interés general y a sus funciones y deberes como interventores.

El Ministerio Público calificó las conductas cometidas por los particulares que desempeñaban funciones públicas como faltas gravísimas cometidas a título de dolo, y agregó que la multa con la cual fueron sancionados equivale a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos.

Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

Por acoso laboral Procuraduría sancionó a excoordinadora académica del Sena Quindío

Con el pago de medio año de sueldos, Procuraduría sancionó a excoordinadora académica del Sena Quindío por acoso laboral.

Por persecución laboral sancionaron a Carmenza Quintero de León, la excoordinadora académica del Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena- en el Quindío.

El ente disciplinario le impuso una sanción con el pago de salarios devengados por 6 meses tras comprobar que la funcionaria se extralimitó en los malos tratos, presión y acoso al instructor de la institución José Ignacio Quintero Sierra.

A través de un comunicado el ministerio público confirmó como Quintero de León presuntamente abusó de su poder para imponer cargas laborales innecesarias y sin justificación al funcionario.

Es así como en fallo de segunda instancia, evidenció que la excoordinadora removió a Quintero Sierra como líder del programa, también lo expulsó de las ejecuciones de los planes definidos en la escuela de gastronomía. Finalmente, sin explicación, lo cambió a áreas de trabajo donde él no tenía conocimiento.

La Procuraduría delegada de Juzgamiento 1 calificó la conducta de Quintero de León como gravísima, a título de dolo.  La decisión puede ser apelada ante la sala disciplinaria ordinaria de juzgamiento.

Otro elefante blanco en el Quindío: demolerán edificio en Calarcá por fallas en estructura

En las próximas semanas demolerán edificio El Refugio en Calarcá, un nuevo elefante blanco en el Quindío declarado por la Contraloría.

 3.700 millones de pesos de inversión en obra se convertirán en escombros. El edificio El Refugio de Calarcá será demolido por fallas de infraestructura aun cuando nunca se estrenó desde hace más de 12 años. Por este motivo la Contraloría General de la República lo denominó como un ‘elefante blanco’.

La noticia la confirmó el alcalde de la ‘Villa del Cacique’, Luis Alberto Balsero. Dicha obra se ejecutó en el gobierno del exalcalde Carlos Enrique López Murillo del partido político Mira quien firmó un convenio de construcción con la Asociación Hábitat para la Humanidad con el propósito de edificar viviendas de interés social para la comunidad.

Los 20 apartamentos ubicados en 2 torres nunca pudieron ser habitados por fallas técnicas en la construcción. Recientemente la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia emitió su concepto al respecto y recomendó la demolición.

De acuerdo a lo informado por los expertos, los bloques no cumplen con las garantías para la habitabilidad y hay medidas que no son adecuadas entre pisos, puertas y escaleras, incluso puede ser un riesgo para los viviendas colindantes, ya que presenta múltiples fallas como grietas y fisuras en muros.

Los apartamentos nunca tuvieron conexión de servicios públicos esenciales como agua, electricidad y gas.

Por todo lo anterior la demolición se hará efectiva próximamente en presencia del Comité Regional de Moralización integrado, entre otros, por la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. El costo sería de 180 mil millones de pesos.

Procuraduría formuló cargos a exsecretaria de Educación del Quindío por presunta omisión que provocó suspensión del PAE

La Procuraduría formuló cargos a exsecretaria de Educación del Quindío por presunta omisión que provocó suspensión del PAE.

27 días estuvo suspendido el PAE a causa de la omisión de la exsecretaria de Educación departamental del Quindío, Liliana María Sánchez Villada, de adelantar de manera oportuna los contratos del Programa de Alimentación Escolar -PAE-.

Esta suspención del programa, que dejó a miles de niños sin alimentación casi un mes durante el año 2022, obligó a declarar la urgencia manifiesta para poder contratar de manera directa un operador que garantizara la prestación del servicio y atender a niños, niñas y adolescentes de la región.

[Lea también: Imputada exfuncionaria de la alcaldía de Armenia por delitos electorales en campaña al Congreso].

Por estos motivos la Procuraduría general de la Nación formuló cargos contra la exfuncionaria, y señaló que la misma tenía entre sus funciones la de justificar las necesidades de contratación de su dependencia y que, aparentemente, omitió gestionar, suscribir y remitir con antelación los respectivos estudios, documentos previos y soportes correspondientes a la etapa de planeación.

El Ministerio Público adujo que con su supuesta conducta la secretaria de Educación vulneró los principios de educación inclusiva, economía y celeridad, por lo que de manera provisional la calificó como falta grave cometida a título de culpa gravísima.

Multaron a gerente de EPQ por irregularidades cuando fue contralor del Quindío

La Procuraduría emitió fallo en el cual multaron a gerente de EPQ por presuntas irregularidades cuando era contralor en el Quindío.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de $ 58.162.608 al excontralor de Quindío, Jhon Fabio Suárez Valero, por irregularidades en un contrato para la prestación del servicio integral de telecomunicaciones y servicios anexos.

La entidad confirmó que el funcionario incurrió en irregularidades al intervenir en la tramitación y celebración del contrato sin haber realizado los estudios previos técnicos, financieros y jurídicos requeridos, por un término de duración indefinido y por un valor que correspondía a la sumatoria de las diferentes solicitudes del servicio ajustados anualmente según el Índice de Precios al Consumidor -IPC-.

[ Lea también: No más abuso de EPQ, dice el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío ].

Además, la Procuraduría advirtió que el funcionario incurrió en falta por no haber elaborado el procedimiento según lo establecido por la ley, en virtud a las finalidades del principio de economía de la contratación estatal.

Esto quiere decir que no tuvo en cuenta la posibilidad de analizar las ventajas económicas que podían ofrecer otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que operaban en el departamento; los recursos públicos con que contaba la entidad estatal para realizar las afectaciones presupuestales; y la necesidad y conveniencia misma de la contratación.

De esta manera, el Ministerio Público corroboró que el disciplinado vulneró los principios de moralidad y responsabilidad, al no haber razón que justificara la inobservancia de su deber funcional, pues él ostentaba la condición de ordenador del gasto, con facultades de dirección. Por lo anterior, se imputó definitivamente la comisión de falta grave a título de culpa grave. 

Millones de alumnos del Sena se quedarían sin estudio, alertó Procuraduría

Gran preocupación en Colombia, millones de alumnos del Sena se quedarían sin estudio según advertencia de Procuraduría.

La Procuraduría General de la Nación lideró una reunión con el equipo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-, tras la cual alertó el inminente cese de los servicios tecnológicos que tiene contratados la entidad.

Esta situación afectaría los procesos de formación de más de ocho millones de aprendices según los cifras del órgano de control. [Lea también: Ya es realidad la matrícula gratis para todos los estratos en universidades públicas de Colombia].

La entidad sostuvo que las diferentes sedes del Sena podrían sufrir la interrupción de sus servicios a partir del próximo 31 de julio, fecha en la que vence el negocio jurídico que actualmente permite ofrecer los diferentes programas, y que ha alcanzado el límite máximo de adiciones.

 

Proceso de licitación está suspendido

El organismo de control señaló también que el proceso de licitación actual se encuentra suspendido y no se conoce actualmente cómo se piensa garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos.

Hecho al que se sumó la falta de claridad sobre la disponibilidad de recursos para darle continuidad al programa de formación y la imposibilidad de cumplir con los términos de contratación sin dejar de prestar el servicio.

El Ministerio Público solicitó a los directivos establecer mecanismos para garantizar la prestación del servicio, definir alternativas técnicas y establecer un plan con los posibles escenarios y las contingencias que tendrían que ser resueltas desde agosto en caso de que no sea factible evitar la interrupción.

Finalmente, la Entidad resaltó que mantendrá su labor de vigilancia en aras de anticiparse a cualquier riesgo, su acompañamiento para los fines que las partes involucradas en el proceso consideren pertinente y la necesidad de articular un plan para que quienes se benefician de esta iniciativa no resulten perjudicados.

Desmontarán teleférico de Buenavista, monumento de corrupción en el Quindío

Tras una década sin poder operar como se planeó, desmontarán el teleférico de Buenavista, monumento de la corrupción en el Quindío.

Después de 10 años sin funcionamiento desmontarán uno de los elefantes blancos del Quindío, el teleférico de Buenavista del Parque Ciudad Tolrá.

Lamentablemente el proyecto turístico que se tenía prevista para esa zona nunca despegó a pesar de los más de 3 mil millones de pesos que se invirtieron.

La estructura no cuenta con los permisos del ministerio de Transporte para operar, además, según lo manifestado por el alcalde Alexis Gómez, es inviable sostenerlo ya que el teleférico no cumple con condiciones técnicas ni de seguridad para garantizar el movimiento.

Por esa razón en el sitio se buscará ejecutar otro proyecto turístico, según se acordó entre la administración municipal y la gobernación del Quindío.

Sin embargo, desmontar el teleférico tendría un costo de alrededor de 700 millones de pesos, por lo cual el mandatario local busca una alternativa que no requiera más gastos del recurso público.

“Una de las opciones es abrir una licitación para que un privado adquiera la estructura y pueda desarrollar allí un nuevo proyecto, es decir la persona que compre se encargue del desmonte y recuperamos unos recursos”, planteo el alcalde Gómez, aunque agregó que la idea se está evaluando.

 

Teleférico de Buenavista, monumento a la corrupción en el Quindío

Vale la pena mencionar que el proyecto del teleférico fue responsabilidad de la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante, quien precisamente perdió su curul en el Congreso porque la Procuraduría halló irregularidades en el proceso de adjudicación.

Por este hecho Arbeláez fue destituida e inhabilitada por 12 años, ya que la contratación de la obra se realizó sin estudios previos de acuerdo con la investigación, además la adjudicación presuntamente habría sido a dedo, porque solamente se solicitó a un oferente.

La obra también tuvo envuelto al exgobernador del departamento, Julio Cesar López Espinosa quien fue investigado, pero por la Contraloría General del Quindío por un presunto detrimento patrimonial por el deterioro de las obras.

Por pedir $500 mil para no imponer comparendo investigan a subcomandante de tránsito del Quindío

 Al parecer, por exigir $500 mil a un conductor para evitar un parte investigan a subcomandante de tránsito del Quindío.

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria al subcomandante de Tránsito Departamental de Quindío, Jhon Ferley Hurtado León, por presuntamente solicitar dinero a un ciudadano a cambio de no imponerle un comparendo.

El ente de control señaló que, al parecer, el funcionario y 5 compañeros de la institución detuvieron un vehículo de servicio especial en el que se transportaba un grupo de turistas extranjeros desde Armenia a Salento y le pidieron la documentación al conductor, a quien se le informa que uno de ellos “no sirve”.

Supuestamente Hurtado León le informó al presunto infractor que el valor de la multa era elevado, por lo que le sugirió arreglar y entregarle $500 mil, teniendo en cuenta que debían distribuir entre quienes conformaban el retén en el que fue detenido.

La actuación disciplinaria que inició la entidad, que incluyó la práctica de pruebas, busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Procuraduría investigará funcionarios de gobernación por retrasos en vía Río Verde – Pijao

Por retrasos en la vía Río Verde – Pijao, investigarán a funcionarios de la gobernación del Quindío, así lo anunció la Procuraduría. 

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Gobernación del Quindío, por los posibles retrasos en el contrato para el desarrollo de las obras de reparación que se adelantan en la vía Río Verde-Pijao.

La Regional de Instrucción del Quindío señaló que se investigarán los cronogramas de ejecución, los cuales según denuncias que recogen medios de comunicación local evidencian que el porcentaje de cumplimiento va en el 10% del 40 % que estaba contemplado para el tiempo que ha transcurrido de este 2023. 

De igual manera, el Ente de control indicó que se revisarán los 16 nuevos puntos críticos, adicionales a los 20 inicialmente contemplados en el negocio jurídico, para determinar las afectaciones que se podrían presentar a nivel contractual, en una obra que por su ubicación, en zona de la cordillera, es crucial para la ciudadanía, que se ve perjudicada por cuenta de los taponamientos que se producen en la vía.

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales, con el fin de verificar la ocurrencia de situaciones o actuaciones presuntamente irregulares, para identificar o individualizar al o los posibles autores de la aparente falta disciplinaria.

Procuraduría abrió investigación a funcionarios en el Quindío por posible participación en política a través de redes sociales oficiales

La Procuraduría abrió investigación a funcionarios de la gobernación y la Lotería del Quindío por posible participación en política.

La Procuraduría General de la Nación -PGN- ordenó la apertura de una investigación disciplinaria al secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- de la Gobernación del Quindío, Héctor Fabio Hincapié Loaiza, y al profesional especializado de la Lotería del Quindío, Andrés Felipe Giraldo Naranjo, por presunta participación en política a través de las redes sociales de las entidades en que se desempeñaban.

La Regional de Instrucción del Quindío manifestó que ambos servidores habrían dado respuesta a un sondeo de opinión para el que utilizaron las cuentas oficiales de los entes gubernamentales del departamento, con lo que pudieron quebrantar sus deberes funcionales y legales.

El Ente de control investigará el sondeo en el que se indagaba sobre la preferencia para escoger al próximo alcalde o alcaldesa de Circasia, y en el que posiblemente quedó registrado el voto que Hincapié Loaiza y Giraldo Naranjo, situación que podría configurar la comisión de una falta disciplinaria.

La actuación disciplinaria que inició la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

 

El secretario de las TIC no maneja las redes sociales de la secretaría. Lo hace un Community Manager

Héctor Fabio Hincapié Loaiza, secretario de las TIC de la gobernación del Quindío explicó: “Yo no manejo directamente los canales de información institucionales en redes sociales y no tengo el rol de administrador en Facebook, labor que sí desempeñan periodistas que laboran también como Community Managers, y que tienen en sus funciones contractuales esas obligaciones adscritas a otras áreas”.

Agregó que: “Es preciso aclarar que desde mis cuentas personales nunca he tenido actuaciones referentes, a sondeos, encuestas, publicaciones, etc, de ese estilo que hace referencia la PGN”.

El funcionario dijo que desde el 2 de junio recibió una comunicación de la Procuraduría de una supuesta participación desde la página de Facebook de la secretaría TIC, en el sondeo de opinión en el fanpage de facebook de Noticias Circasia.

Ante esta situación entró con su equipo a revisar la página en mención y explicó que en esa fanpage ya no aparece el cuestionado sondeo y no hay evidencia real del mismo en facebook, que es la plataforma que se utilizó para ese fin, según la denuncia. “Me abrieron investigación por estos hechos y como dije esa publicación no aparece en esa página”, puntualizó.

Finalmente señaló que “estará presto a atender el requerimiento y demostrar que sus actuaciones han sido totalmente transparentes”.

Procuraduría alertó porque no arrancan obras de gobernación para Juegos Nacionales

Enorme incertidumbre frente a la realización de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, Procuraduría alertó porque no avanzan obras.

Tal y como ya lo había hecho la Contraloría, ahora es la Procuraduría quien alertó por la falta de inicio de algunas obras de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023.

Particularmente en el departamento del Quindío las obras que no avanzan son las que corresponden a la gobernación de Roberto Jairo Jaramillo, porque las de responsabilidad de la alcaldía de Armenia ya están marchando.

El mandatario departamental en los últimos días le pidió al gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro que libere los recursos de regalías, ya que sin ese dinero no podría adelantar la ejecución.

Con dicho presupuesto la administración ejecutaría los 2 escenarios que le compete construir, que son el complejo acuático y el coliseo Multideporte, proyectos que actualmente no han iniciado.

 

En ninguno de los 3 departamentos avanzan con buen ritmo las obras de Juegos Nacionales

La situación es dramática y aunque mucho se ha advertido sobre la posibilidad de que los Juegos se vayan del Eje, desde las administraciones han negado esto.

El llamado del ministerio ´Público es porque la intervención ha sido muy lenta tanto en Caldas, Risaralda y Quindío, condición que pone a dudar sobre el cumplimiento del cronograma.

En su momento el Eje encontró un apoyo incondicional de la entonces ministra del Deporte María Isabel Urrutia, sin embargo la funcionaria fue declarada insubsistente por Petro y ahora no se conoce muy bien la postura de la nueva jefe de cartera, Astrid Rodríguez.

Lo cierto es que el tiempo sigue corriendo y ya quedan solo 8 meses para tener las obras listas, por eso el ente de control exigió que los gobiernos encargados de la organización tomen las medidas necesarias como agilizar trámites de licenciamientos, gestión de recursos y aumentar el personal de obra para trabajar a contrarreloj.

Procuraduría pidió declarar ilegal acuerdo con el que el concejo de Montenegro aprobó la entrega del alumbrado público

La Procuraduría Judicial pidió declarar ilegal acuerdo con el que el concejo de Montenegro aprobó la entrega del alumbrado público.

A la solicitud hecha por la gobernación para que el Tribunal Administrativo del Quindío -TAQ- revise la actuación del concejo municipal de Montenegro, frente al tema de la aprobación de las vigencias futuras con las que se pretende entregar la administración del alumbrado público del municipio a la empresa tulueña Electroingeniería, se suma ahora la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos.

Ambas entidades (Gobernación y Procuraduría) pidieron revisar la validez del acuerdo número 021 del 23 de diciembre de 2022, por el cual el concejo municipal de Montenegro, autorizó al alcalde Daniel Mauricio Restrepo a comprometer vigencias futuras excepcionales con el propósito de atender la prestación del servicio de alumbrado público hasta el año 2032, es decir, por más de 9 años.

En el documento enviado por la Procuraduría al TAQ, se hace hincapié al concepto del ministerio Público en el que señala: Con base en los argumentos tanto fácticos como jurídicos antes esbozados, este Ministerio Público solicita que se declare la ilegalidad del Acuerdo acusado, por vulneración del principio de legalidad en materia presupuestal, en ejercicio de la cosa juzgada relativa.

Vale la pena mencionar que el TAQ ya admitió la solicitud hecha por la gobernación del Quindío, e inició la revisión de la álgida situación.

Descargue aquí el documento enviado por la Procuraduría al TAQ.

Otros hechos mencionados por la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos:

Dice además la Procuraduría, que “tras realizar el correspondiente análisis de constitucionalidad y legalidad del acto administrativo, se evidencia la falta de correspondencia entre las normas que rigen la materia y el objeto de regulación por parte de la entidad territorial”.

Por tanto lo que pretende el ente disciplinario es que el Tribunal Administrativo del Quindío lleve a cabo la revisión de legalidad del acuerdo “Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Montenegro – Quindío para la asunción de vigencias futuras excepcionales en orden a atender la prestación del alumbrado público”

Al igual que la gobernación, la Procuraduría señala que no se logran establecer los requisitos señalados por la ley, especialmente en cuanto tiene que ver con:

  • La consulta de las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
  • La apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que están autorizadas.
  • La consagración en el Plan de Desarrollo correspondiente.
  • El análisis sobre la capacidad máxima de endeudamiento.
  • La declaratoria expresa como proyecto de importancia estratégica para el municipio.

Para la Procuraduría “el Acuerdo objeto del presente caso carece de validez, porque el Honorable Concejo no puede conceder facultades pro tempore para asuntos presupuestales”.

Y agrega: “el Acuerdo acusado contraviene principios constitucionales y legales en esta temática, dado que el Alcalde incurriría en una extralimitación de funciones al modificar el presupuesto sin límite de ningún tipo, pues el gasto público sólo debe ser regulado por el Concejo Municipal”.

Finaliza el documento diciendo: “Por lo anterior y con el acostumbrado respeto, este agente del Ministerio Público, solicita al Honorable Tribunal Administrativo del Quindío, que al momento de emitir la providencia respectiva se declare la ilegalidad del Acuerdo acusado por violación al principio de legalidad presupuestal, tal como se explicó a lo largo del presente concepto”.

Archivaron investigación que se abrió desde pandemia contra alcalde de Calarcá y 5 funcionarios

En las últimas horas desde la Procuraduría archivaron investigación que se abrió desde pandemia contra alcalde de Calarcá y 5 funcionarios.

El alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero Contreras salió bien librado de la investigación que reposaba en su contra por presuntas irregularidades en la compra de mercados para auxiliar a los más vulnerables durante la pandemia en 2020.

La Procuraduría en las últimas horas archivó el proceso en el cual el señor Abelardo de Jesús Echeverry Penagos denunció supuestos sobre costos en la contratación.

El dueño del supermercado El Progreso manifestó en su momento que había firmado y ejecutado un contrato por solo 15 millones de pesos, pero que la alcaldía supuestamente había registrado un documento por 396 millones de pesos.

Sin embargo, el ente de control encontró que el seño Echeverry Penagos efectivamente suscribió el contrato por 15 millones y también ejecutó parte del contrato de los 396 millones que luego la administración local suspendió.

La claridad que se hizo es que ambos eran dos contratos diferentes. Uno tenía por objeto el suministro de alimentos mientras el más pequeño la compra de productos de aseo.

Por esta situación también fueron exonerados otros cinco funcionarios que habían sido vinculados al proceso. Ellos son:

  • José Winser Garzón Tobaria, secretario administrativo.
  • Juan José Correa Lopera, subsecretario administrativo.
  • Gesner Arneth Rengifo Arias, jefe de la oficina asesora jurídica
  •  Laura Estefanía Arenas Arias, secretario de servicios sociales y salud 
  • Natalia Vanessa Castillo Martínez, contratista del municipio.

Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Montenegro e indagación a 3 concejales

La Procuraduría se sumó a la fiscalía y abrió investigación contra el alcalde de Montenegro. Además 3 concejales también son objeto de indagación por el ente de control.

Hace pocos días se conoció que la Fiscalía viene investigando al alcalde de Montenegro, Daniel Mauricio Restrepo, por haber concedido una prórroga a la concesión de la empresa Electroingeniería para la Administración, Mantenimiento y Operación -AOM- del alumbrado público del municipio.

Ahora se suman investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra del mandatario y 3 concejales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La información, entregada en primicia por el portal periodismoinvestigativo.com.co señala que la Procuraduría, a través de la Provincial de Armenia, investiga al alcalde por la suscripción con relación al otrosí, número 3 de concesión 158 de 2001 el día 3 de marzo de 2022, el cual tenía una duración de 20 años y su vencimiento estaba dado para el 05 de marzo de 2022.

Es decir, que se le investiga por el mismo proceso que ya la Fiscalía tiene en la mira.

La investigación fue abierta tras la queja radicada por un ciudadano anónimo en la Procuraduría el pasado lunes 12 de septiembre de 2022 con el número IUS: E-2022-461154.

Es de recordar que el contrato a Electroingeniería en 2001 fue entregado por el exalcalde Carlos Alberto Castaño Saenz, y se venció el 5 de marzo de 2022, fecha para la que ya debía haberse iniciado un nuevo proceso para la concesión del alumbrado público, o para abrir paso a la operación del mismo por parte del municipio.

Extrañamente el alcalde Restrepo Izquierdo decidió prorrogar la concesión por 9 meses más, situación que presuntamente sería ilegal, ya que para la concesión en 2001, el alcalde de la época solicitó la aprobación del concejo municipal, razón por la que para conceder cualquier prórroga al mismo contrato, el actual mandatario debía solicitar la respectiva aprobación de los concejales y no lo hizo.

Además la Procuraduría investiga las causas que llevaron al alcalde a prorrogar la concesión sin el estudio técnico de referencia ni los respectivos estudios previos tal como lo exige el decreto 943 de 2018.

La Procuraduría investiga la presunta falta disciplinaria, mientras la Fiscalía General de la Nación investiga la posible comisión de delitos penales, como el de interés indebido en la celebración de contratos y el contrato sin el lleno de los requisitos legales.

De hallar méritos para ello, los dos organismos procederían a proferir pliegos de cargos por parte de la Procuraduría, mientras que la Fiscalía imputaría cargos en lo penal.

 

A los concejales los investigan por otros hechos

El mismo medio de comunicación periodismoinvestigativo.com.co, señaló que la Procuraduría General de la Nación a través de la Provincial de Armenia, recibió queja disciplinaria contra los concejales Uriel Alberto Arias Ospina (Centro Democrático), Ferney Aguirre Castillo (Partido Asi) y Brahyan Steven Zapata Barragán (Partido Colombia Renaciente), en su calidad de concejales del municipio de Montenegro.

Los corporados son investigados por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, tal como lo establece la ley 1952 de 2019 modificada parcialmente por la Ley 2094 de 2021.

La queja contra estos fue radicada el martes 22 febrero de 2022 con el número IUS: E-2022-063318.