Poco a poco se hace justicia en el caso del asesinato de Javier Ordóñez, condenaron a 40 años a otro patrullero de la policía implicado.
A 40 años de cárcel condenaron al patrullero de la policía Harvey Damián Rodríguez Díaz por el homicidio agravado del estudiante de derecho Javier Ordóñez, el pasado 9 de septiembre de 2020 en Bogotá.
El uniformado meses atrás llegó a un acuerdo con la Fiscalía para tener una pena menor a 20 años, sin embargo luego se retractó alegando que era inocente.
Debido a este cambio un juez decidió condenarlo a 40 años de prisión toda vez que las pruebas en las investigación apuntan a que Rodríguez “actuó de manera desproporcionada contra la víctima, quien se encontraba en estado de indefensión. Adicionalmente, lejos de la misión constitucional que le asiste, no evitó el fatal desenlace y, por el contrario, fue partícipe”.
Vale la pena mencionar que Rodríguez en su función como policía participó en la detención de la víctima a quien en compañía de otro policía redujo y sometió a varios electrochoques con un dispositivo taser.
Sumado a esto lo trasladó al CAI Villa Luz de Engativá, donde Ordoñez habría sido severamente golpeado, según el informe de Medicina Legal, que en sus resultados indicó que la víctima sufrió 9 fracturas en su cráneo y otras graves lesiones en su cuerpo.
Por este hecho el patrullero también tendrá que pagar una multa ascendente a los 2.000 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los otros policías involucrados en la muerte de Javier Ordoñez
Juan Camilo Lloreda es el otro patrullero que ya recibió una condena de 20 años por el infame hecho que despertó la indignación de la ciudadanía que convocó a diversas manifestaciones en las cuales 13 personas resultaron muertas debido a la brutalidad policial.
En este caso Lloreda sí se declaró culpable de los delitos que le imputaron por homicidio agravado y tortura agravada por la muerte de Ordoñez.
El uniformado quiso colaborar con la justicia y se comprometió a realizar un acto público de perdón dirigido a las víctimas como componente de reparación y muestra de arrepentimiento.
Por su parte la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas, que entonces fungió como comandante de patrulla de vigilancia del CAI Florida; y contra el patrullero Henry Alejandro Bonilla Bastidas, que era auxiliar de información del CAI Villa Luz.
El primero fue señalado de presuntamente haber bajado violentamente a Ordóñez de la patrulla de la policía, donde lo trasladaron hasta el CAI Villa Luz. Al parecer, lo hizo caer de rodillas contra el pavimento al sacarlo del vehículo de manera agresiva, aun cuando el estudiante estaba esposado de pies y manos. Debido a su estado de indefensión, no era necesario el uso de la fuerza para adelantar el procedimiento.
El segundo sería responsable de haber actuado con negligencia, al no hacer nada para impedir que dos uniformados atacaran a la víctima dentro del CAI.
“Permitió que el Patrullero Lloreda Cubillos grabara los lamentos del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez sin prestarle ninguna asistencia y sin siquiera verificar el estado de salud del ciudadano”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
