En las últimas hora la gobernación del Quindío identificó a un contratista que cobraba por falsas plazas para docentes y administrativos.
Acciones contundentes ha emprendido el Gobierno del Quindío con el fin de detener una cadena de ilícitos presentados en las últimas semanas y que, de manera continua, llevaron a que ciudadanos incautos cayeran en una presunta estafa de un grupo de inescrupulosos que cobraban dinero por supuestas plazas docentes o empleos en la planta administrativa de la secretaría departamental de Educación.
El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya señaló que, como parte de las averiguaciones preliminares realizadas al interior de la administración, se evidenció la posible participación de un contratista, para lo cual se procedió de manera inmediata a denunciar ante los entes investigadores pertinentes, el hecho que podría representar un caso de suplantación y mal uso de la administración para fines delincuenciales.
De acuerdo con la secretaria de Educación, Tatiana Hernández Mejía, las víctimas pagaron, por empleos de prestación de servicios entre 450.000 y 600.000 pesos, mientras que, si la vacante correspondía a un empleo de planta, el costo oscilaba entre 4 y 10 millones de pesos.
“Fueron abordadas por llamadas, SMS, WhatsApp o notas de voz, donde les decían que luego de firmar un acta de inicio debían presentarse en la Gobernación para hacer el proceso de posesión en el cargo. Una vez se dieron cuenta que no había novedades frente a sus casos, se acercaron a la Gobernación, en donde se enteraron que era una estafa porque desde la secretaría no se llevan a cabo estas malas prácticas, teniendo en cuenta que para hacer parte del magisterio se deben presentar diversas pruebas en un concurso de méritos, o para ingresar a la parte administrativa se realiza un proceso similar con la Comisión Nacional del Servicio Civil”.
Ante la imposibilidad de que el ente territorial lleve a cabo la investigación judicial –al no hacer parte de sus funciones dentro de la rama administrativa del Estado-, desde la gobernación indicaron a los perjudicados a que denuncien ante la Fiscalía General de la Nación, lo que constituirá parte del material probatorio para las correspondientes diligencias que permitan establecer la responsabilidad a las que haya lugar.
Por último, Galvis Bedoya reiteró el llamado para que, ante cualquier oferta o información de la administración departamental, se recurra a las fuentes de información oficiales, para evitar este tipo de traumatismos.
