Graves denuncias de militares y policías retirados por fallas en su servicio de salud en el Quindío. Son más de 20 mil hombres en el retiro de la fuerza pública que se han visto afectados por no recibir una atención oportuna de sus enfermedades, así como para reclamar medicamentos o agendar citas.
La denuncia fue expuesta por el veedor ciudadano y sargento retirado, Carlos Arturo López Ríos, quien señaló que otro de los problemas graves es la centralización de los servicios en la ciudad de Pereira. Es decir que los retirados, en su mayoría adultos mayores tienen que trasladarse hasta la capital risaraldense y asumir los costos.
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Además a los retirados no se les estaría garantizando ni siquiera la valoración con médicos especialistas. Según López, al momento de los pacientes solicitar citas, las líneas habilitadas no responden a sus llamadas.
En el caso de los medicamentos se han visto obligados a realizar largas filas para reclamarlos, sin embargo muchas veces no les entregan los fármacos formulados por los médicos y hasta han tenido que comprarlos porque al parecer la medicina solicitada no está disponible.
Carlos Arturo también ha denunciado los malos tratos por parte del personal del dispensario de salud de la policía en el Quindío.
“Allí me han manifestado que soy el veedor que le gustaba andar protestando a toda hora y que mantengo haciendo reclamos, desconociendo que la labor de los veedores es constitucional, está consagrada legítimamente y que lo único que buscamos es el bien común, que se humanice la atención y el servicio”, le manifestó el veedor al diario digital El Quindiano.
No hay garantías en salud para los miembros de la fuerza pública retirados
López Ríos señaló que el servicio de salud de la policía en el Quindío no estaría facilitando la atención en hospitales de tercer y cuarto nivel. Como consecuencia, en ocasiones después de obtener una cita con medicina especializada los retirados no son atendidos, porque supuestamente no hay recursos o contratos debido a que la policía no paga.
«El gobierno nacional a finales de julio de 2021 destinó $234.000 millones de pesos para el pago de la deuda histórica en temas de salud y nosotros nos preguntamos por qué le cierran los contratos de tercer y cuarto nivel al servicio de salud de la policía si según el gobierno la plata está y se está pagando oportunamente», manifiesta el exsergento.
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En ese sentido solicita que el sistema sea administrado por personas que hagan parte del sector salud y no por personas que portan un uniforme y quieren manejar la situación como en la carrera militar.
Por último, López pide fortalecer las veedurías y mecanismos de control «que antes de gastarse los recursos se sienten con los veedores, con las asociaciones de usuarios y con los usuarios para que se determine con transparencia cómo van a invertirse. Pero aquí acostumbran venir cada tres o seis meses y en una conferencia virtual dicen los gastos en unas diapositivas y con eso ellos cumplen, pero no hay un acercamiento real que sea preventivo y evite la corrupción», concluyó.
Estas quejas ya estarían radicadas ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Salud con la expectativa de que puedan ser resueltas y se les garantice el derecho a la salud a los pensionados del ejército y la policía.
