Peajes ilegales cobrados a campesinos y turistas, cierre de caminos veredales ancestrales, movimiento de tierras y desviación de ríos, son apenas una muestra de como se desfigura el campo en Quindío, ahora que está en manos de los “Señores del Aguacate”; así inicia el extenso reportaje realizado por la Revista Semana y que muestra las afectaciones de las aguacateras en el Quindío.
La investigación relata cómo el pasado 9 de febrero, Néstor Ocampo, un respetado ambientalista de 70 años, anunció que no volvería a hacer las tradicionales caminatas ecológicas que por más de 30 años llevó a cabo con su fundación ecológica Cosmos en las montañas quindianas.
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«No nos dejan otro camino en el Quindío. Ya es “normal” que salgan al paso personas armadas, con o sin uniforme, legales o ilegales, a “informarnos” que no se puede volver a pasar por allí “por orden del patrón”, relató el ecologista mediante comunicado.
De acuerdo con Semana, grupos armados estarían patrullando las montañas aledañas al valle de Cocora, en el Quindío, para «proteger» fincas privadas. «…de plano se descarta una operación de cultivos ilícitos, pues la zona es fuertemente custodiada por militares pertenecientes a la Octava Brigada del Ejército. Lo cierto es que la aparición de estos hombres armados concuerda con la llegada de múltiples terratenientes a la región, dedicados a la construcción y al turismo, además de algunas empresas extranjeras, las cuales siembran aguacate de la variedad Hass», dijo Ocampo al medio de comunicación nacional.
Agregó que: “Aquí tienen fincas las empresas Camposol Colombia S.A.S, Agricola Altos del Valle S.A.S., Green SuperFood y otras nacionales e internacionales. Tienen miles de hectáreas de tierra y han ido modificando el territorio a su acomodo. Las servidumbres tradicionales y los caminos han sido cerrados por ellos y, a veces, ni los campesinos pueden pasar”.
Los privados han levantado “Peajes” ilegales donde antes existían caminos veredales y han cercado el perímetro, obligando a propios y visitantes a pagarles tarifas entre 5 mil y 10 mil pesos por persona para poder cruzar hacia el Parque Nacional de los Nevados y otros destinos de la zona.
De un momento a otro, los verdes paisajes que durante décadas habían disfrutado los quindianos de manera libre y gratuita, fueron parcelados, cercados y comercializados por privados. Muchos de los dueños de estas montañas ni siquiera son de Colombia.
“Hay letreros que dicen: “Propiedad privada – NO siga” y hay unos teléfonos a donde tiene que llamar uno previamente para pagar un importe y poder pasar por aquí. La montaña está privatizada, así como el acceso a propiedades que son de la nación, que han sido pagadas con nuestros recursos”, señaló.
Los turistas no son los únicos afectados. En 2018, un campesino que habita en la parte alta del Cocora protagonizó un fuerte altercado con los empleados de una de estas fincas con peaje, denominada “El Portón”. El hombre se negó a pagar la tarifa establecida, pues argumentó que llevaba más de 4 décadas utilizando dicho camino de herradura para llevar su producción de leche y café hasta Salento.
Meses antes del episodio, un grupo de individuos indignados le había prendido fuego a la estructura del peaje. Sin embargo, los dueños la instalaron otra vez y siguen cobrando sin distinción alguna entre locales y foráneos.
“Evitar el peaje buscando otro camino representa un esfuerzo demasiado grande para los campesinos: Hay que bajar al bosque y subir por el Alto de la Virgen, y eso puede significar 4 o 5 horas más de camino», relata el ambientalista.
¿Y qué hacen las autoridades?
La Revista Semana entabló diálogo con la alcaldía de Salento que negó que se hubiera autorizado la instalación de peajes en la zona. “Solo hay un paso así para una finca, llamada El Portón, porque se presentaban muchos daños, pero no se ha vuelto a tocar el tema”, explicó la alcaldesa municipal, Beatriz Díaz.
El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, dijo desconocer la situación pero aclaró que dichos peajes son ilegales y un abuso contra el campesinado y los turistas. “No estoy de acuerdo con esos cobros porque los caminos de servidumbre le han ayudado desde siempre a la comunidad y son tradicionales. Como gobernador, me voy a poner al frente para evitar que continúe este abuso”.
El gobernador dijo lo anterior al medio nacional, pero vale la pena decir que no ha hecho nada para que la situación mejore para los campesinos y turistas.
El Ministerio de Agricultura pareciera señaló que conoce las denuncias, pero explicaron que es la corporación ambiental, es decir la CRQ, la que tiene la competencia para investigar y sancionar.
De acuerdo con la investigación de Semana, la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- tiene abiertos 13 procesos sancionatorios contra terratenientes aguacateros por casos similares a este en municipios como Salento, Pijao y Génova.
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¿Y los empresarios qué dicen?
“Aquí no se está privatizando nada porque esos predios ya eran privados desde antes. El PIB del Quindío creció aceleradamente con la llegada de las aguacateras, pues se ha generado empleo formal en el sector agrícola, se ocuparon los potreros que estaban inutilizados o poco utilizados con ganado, etc”. opina el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada.
Vale la pena aclarar que a pesar de esta apreciación, el desempleo en el Quindío sigue rampante, y las aguacateras han generado desplazamiento de campesinos en varios sectores de la región.
Entre tanto Corpohass, la asociación que agremia a las empresas aguacateras nacionales y extranjeras en Colombia, dijo a Semana que no conoce dichas prácticas en el Quindío. “No regulamos el accionar de nuestros miembros, pero acabamos de establecer un código de ética que entre a vigilar, regular o sancionar a las empresas afiliadas que tengan malas prácticas evidentes, pero eso está en desarrollo”, dijo Jorge Restrepo, su presidente.
Desvían ríos y causan graves afectaciones ambientales
Néstor Ocampo también ha denunciado que empresas extranjeras como Green SuperFood, Altos del Valle, Camposol y la multinacional papelera Smurfit Kappa Group habrían desviado el cauce del río Navarco, uno de los más importantes del departamento, además del movimiento de las tierras aledañas.
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“Desviaron el río 400 metros para proteger un pedazo de carretera por donde ellos pasan constantemente con sus actividades económicas en las veredas Canaán y La Palmera, en el municipio de Salento. Han abierto carreteras, han hecho captaciones ilegales de agua, han botado afluentes sin el permiso, han cerrado caminos, etc”.
Casos similares se han presentado en las veredas El Tunel y Planadas, así como en municipios de la cordillera central, como Pijao y Génova, todo en conocimiento de la CRQ.
Para Ocampo, si las autoridades no toman cartas en el asunto, en 10 años no quedarán campesinos o quindianos en las montañas del Quindío. “Estos nuevos dueños, que son empresas extranjeras, poderosas, que no es gente de aquí, están desplazando al campesinado, están acabando con la diversidad biológica, están modificando el paisaje, están contaminando las aguas, están modificando la vida económica, etc… En otras palabras, Este empieza a ser el territorio de otra gente”, puntualizó ante la Revista Semana.
