Gobernación del Quindío pidió a la justicia revisar actuación del concejo de Montenegro por posible ilegalidad en entrega de alumbrado público.
La gobernación del Quindío solicitó al Tribunal Administrativo del Quindío -TAQ- revisar la validez del acto administrativo expedido por el concejo municipal de Montenegro, con el cual se autorizó al alcalde Daniel Mauricio Restrepo a comprometer vigencias futuras excepcionales con el propósito de atender la prestación del servicio de alumbrado público hasta el año 2032.
De acuerdo con los profesionales jurídicos de la gobernación, los concejales dieron su aprobación sin que se estableciera el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley, en cuanto a temas como la importancia estratégica para el municipio, sin la cual no pueden comprometer presupuestos que superen el actual periodo de gobieno.
Aun más significativo es el hecho de que no se indicó que en la actual administración del alcalde Daniel Restrepo haya aprociación del 15% de recursos exigidos por la ley. Es decir, que tal y como fue aprobado el proyecto, dejaría las puertas abiertas para que el actual mandatario no tenga que comprometer ningún recurso, y por el contrario toda la carga fiscal le quede a los próximos alcaldes.
Además, dice el documento radicado ante el TAQ, que la prestación del alumbrado público tal y como quedó consagrada en el proyecto avalado por el concejo, no está en el Plan de Desarrollo del municipio, lo que se suma a que no hubo tan siquiera un análisis sobre la capacidad máxima de endeudamiento para comprometer las vigencias futuras de la manera en que lo hicieron.
«Así las cosas, por tratarse de requisitos normativamente impuestos a través de la Ley 819 de 2002, que no fueron aportados por parte de la entidad territorial, resulta necesario solicitar la intervención del Tribunal Administrativo del Quindío, a efectos de corroborar la legalidad de la actuación objeto de revisión», reza el texto presentado por la gobernación.
El concejo violó incluso la Constitución
El escrito continúa con otros conceptos de violación en los que señala que la Constitución impide la posibilidad de que el alcalde municipal modifique directa y unilateralmente el presupuesto municipal, por lo que queda claro que la facultad pro tempore que otorgó el concejo municipal al alcalde en materia presupuestal, está vetada por principio.
Así las cosas será el Tribunal Administrativo del Quindío -TAQ- quien determine si el concejo municipal incurrió en ilegalidades al aprobar la controvertida entrega del alumbrado público por cerca de 10 años a la empresa Electroingeniería, a través de una concesión que ha sido fuertemente criticada por todos los sectores que componen la sociedad montenegrina.
Es tan grave la situación y el actuar del alcalde y los concejales de Montenegro, que como ya ha informado 180grados.digital,no solo afectarían gravemente los bolsillos de los montenegrinos, si no que podrían verse inmersos en líos judiciales y disciplinarios en una actuación que presuntamente buscaba beneficiar intereses particulares, por encima del bienestar de todo el municipio.
Descargue aquí el documento presentado por la Gobernación del Quindío al Tribunal Administrativo.
Los que aprobaron fueron siete pero no olviden el octavo jugador quien manipuló y dirigió la orquesta el cuál llego después de haber aprobado dicho entuerto