Tremendo lío legal en popular edificio de Armenia. Quieren desalojar varias familias

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Un conflicto legal tiene en vilo a varias familias residentes en el emblemático edificio Gómez de Armenia,  pues una diligencia judicial pretende desalojarlos del lugar en el que funcionará el almacén El Lobo, donde muchos de ellos trabajaron por mucho tiempo.

No obstante dicha diligencia fue aplazada por inconsistencias. De acuerdo a Jimmy Galvis Torres, apoderado de los poseedores, el juzgado había comisionado para la diligencia a la Inspección Segunda de Armenia, y esa oficina no existe en la ciudad por tanto no tiene facultad para llevar a cabo la orden.

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Por otro lado la diligencia se cumple sobre un bien que no está determinado claramente en sus fichas catastrales, porque la orden habla de actuar sobre una ficha de un lote y el edificio está ubicado en tres lotes, que son tres fichas catastrales.

 

La historia

El día 25 de enero de 1999  la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la sociedad de los almacenes, sin embargo como ese día ocurrió el trágico terremoto en el Eje Cafetero el proceso de liquidación quedó frenado.

En ese momento el gerente de la sociedad, Luis Fernando Gómez Giraldo invitó a los exempleados, unos 20 en total, que esperaban la liquidación para que se les pagara las prestaciones sociales, para que tomaran posesión de los 20 apartamentos del edificio, pues muchos de ellos habían perdido sus viviendas durante el siniestro. Actualmente quedan 6 familias en la edificación.

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Uno de los 3 lotes de los que se compone el edificio fue vendido a una firma de Pereira, sin embargo esta entidad ha pedido que se le entregue en propiedad todo el edificio por lo que pretenden que las familias que viven allí desalojen. Ahora se presume que dicha venta incluso pudo tratarse de una estafa a la firma.

Por otro lado se pudo conocer que estas familias adquirieron derechos sobre la propiedad en el año 2018 mediante un proceso judicial. Por esta razón Luis Fernando Gómez, hijo de los antiguos dueños espera defender su posesión junto al resto de las familias, pues llevan viviendo allí de manera legal durante 22 años ininterrumpidos.

Con información de El Quindiano.

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