Fiscalía imputará al Gobernador del Quindío y a una exgobernadora por presuntas irregularidades en la donación del estadio de Calarcá.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo y a la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante, los delitos de: prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.
Lo anterior obedece a que la Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación en contra del gobernador y la exmandataria del departamento, por su presunta responsabilidad en varias irregularidades detectadas en la donación de un bien público a una entidad privada.
Los hechos investigados ocurrieron en 2007, cuando la señora Arbeláez Escalante, en su rol de mandataria, tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitía transferir bienes y celebró un contrato de cesión gratuita de un predio de más de 19.529 metros cuadrados con la Asociación Abrazar, representada en su momento por el actual gobernador.
El inmueble al que se refiere el ente acusador es el estadio de Calarcá, que para el momento de los hechos, superaba en valor los 12.100 millones de pesos, y habría sido entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones.
Con estas actuaciones, al parecer, se vulneraron varias normas de orden constitucional y legal. Asimismo, hay elementos de prueba que dan cuenta de posibles inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá que, presuntamente, indujeron en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio.
La diligencia de imputación de cargos contra el alto funcionario y la exfuncionaria se realizará en la fecha que fije el Tribunal Superior de Bogotá.
Gobernador respondió mediante comunicado
Mediante un comunicado a la opinión pública, el gobernador del Quindío respondió a la situación. Lea lo que dijo a continuación:
“Hoy tuve conocimiento, por medio de un boletín informativo emitido por la Fiscalía, sobre la radicación de una solicitud de audiencia en mi contra.
Me permito aclararle a la opinión pública que:
Como odontólogo pediatra inicié hace más de treinta años una labor social voluntaria con el único objetivo de contribuir, desde mi profesión, al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas del Quindío. Durante más de dos décadas, con la fundación Abrazar logramos realizar tratamientos integrales gratuitos, beneficiando a cerca de 25.000 niños y niñas vulnerables en condición de discapacidad de todo el país. En el desarrollo de esa labor social, solicité al Departamento del Quindío la donación de un predio, ubicado en Calarcá, lote que, desde que fue donado en el año 2007, cumplió con una única misión social: que las niñas y niños tuvieran mejores condiciones para sus tratamientos y brindarles un espacio digno para realizar sus terapias, todo esto sin ánimo de lucro.
Cabe reiterar que la Fiscalía hace referencia a hechos que ocurrieron en el año 2007, tiempo en el que actuaba bajo la figura de voluntario y representante legal de la fundación Abrazar, y no en el desarrollo de mis labores como funcionario público, por lo que no están relacionados con con mis funciones como gobernador. Este predio fue entregado, de manera legal, por la gobernación, con su respectiva ordenanza, y actualmente le pertenece a nuevamente al Departamento.
Con la conciencia tranquila y la mejor disposición, insto a los organismos de control a que realicen las respectivas investigaciones para aclarar este caso. Estoy absolutamente dispuesto a prestar toda la colaboración y a brindar la información que la justicia requiera para aclarar esta situación.
Solo Dios en su justicia conoce mi corazón y mi buen proceder.
Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas”.
