La profesora y activista Vannesa Rosales de 31 años fue detenida después de ayudar a abortar a Lucía, una niña de 13 años de edad, que fue abusada sexualmente por un vecino en Pueblo Nuevo, una zona vulnerable del estado de Mérida en Venezuela.
Por su parte el presunto violador, de 52 años, fue dejado en libertad por falta de pruebas y ahora se encuentra fugitivo de la justicia. A la docente ni siquiera le permiten hablar con los medios de comunicación.
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La madre de la menor abusada habría buscado a Rosales, quien le proporcionó información sobre unas pastillas de Misoprostol para la interrupción del proceso de gestación. La maestra conocía a la menor desde que era niña en la escuela de la localidad.
Lucía, al parecer, también fue revisada por médicos que la encontraron en grado de desnutrición, por lo que su embarazo precoz se tornaba riesgoso para su salud, pues su útero no estaba completamente desarrollado, comentó Venus Faddoul, activista y amiga de Rosales.
A la docente Rosales le espera un juicio, ya que desde el 23 de octubre fue detenida y el 11 de enero fue enviada a prisión domiciliaria. Su condena podría rondar los 12 años de cárcel por «aborto provocado con la agravante de haberse cometido en una adolescente», «agavillamiento» y «asociación para delinquir», según el oficio judicial.
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La legislación venezolana no contempla la violación como una causante para el aborto legal. El Código Penal que data desde el siglo XIX en su artículo 432 y posteriores contempla penas de prisión en esos casos.
«La única opción sin pena es si el aborto es un medio indispensable para salvar la vida de la parturienta», reza el artículo.
Varias organizaciones sociales han denunciado el caso, entre tanto el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, le solicitó a la Interpol la captura del presunto violador.