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El Consejo de Estado condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- a pagar 320 millones de pesos a los familiares de un preso que murió en un intento de fuga de la cárcel nacional de Bellavista en Medellín.

De acuerdo con el fallo revelado por la Revista Semana, la corte señaló a la institución de ser responsable en la producción del daño pues el reo murió a causa de los disparos que los dragoneantes realizaron a corta distancia «sin que existiera el riesgo inminente de evasión, que ameritara el uso de la fuerza en semejantes circunstancias”.

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Los hechos tuvieron lugar cuando el sujeto era trasladado desde el Palacio de Justicia de Medellín (hasta donde había ido a apelar su pena) hacia el centro de reclusión.

El presidiario aprovechó cuando el vehículo se detuvo en una intersección para darse a la fuga, en ese momento, al parecer,  la reacción de los agentes fue abrir fuego contra el individuo, ocasionándole la muerte.

Frente a esta situación los familiares de la víctima interpusieron una demanda por presunta falla en el servicio con la intención de que el Inpec reparara el daño mediante un resarcimiento económico tasado en 464 millones de pesos, con base en la suma del salario mínimo mensual vigente en el año 2008.

Sin embargo, en una primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones argumentando que el daño fue causado por culpa excesiva de la víctima quien provocó el riesgo al intentar escapar.

En ese sentido, el tribunal añadió que los agentes habrían intentado persuadir verbalmente al preso durante la huida y luego realizaron disparos disuasorios que no fueron atendidos por el convicto que había sido sentenciado a 4 años de cárcel por los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o munición.

 

Consejo de Estado consideró uso desproporcionado de la fuerza

No obstante, fue el Consejo de Estado quien resolvió el caso y consideró que los funcionarios del Inpec incurrieron en la falla del servicio por uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, pues los disparos se efectuaron a corta distancia y el reo iba esposado con las manos por delante, lo que no significaba un peligro.

“No se utilizó ningún mecanismo previo que justificara el uso de las armas de fuego, que debe utilizarse únicamente como último recurso. Para la sala, la víctima había podido ser recapturada muy fácilmente sin necesidad de utilizar armas”, sentenció el fallo.


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