Al menos 28 de las muertes ocurridas durante el Paro Nacional fueron obra de agentes de la policía y un mínimo de 10 de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-,así lo afirmó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En un informe divulgado la dependencia señala que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año recibió denuncias de 63 personas muertas, el 76% se debieron a heridas de bala durante las movilizaciones. Además señala que la policía utilizó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada para dispersar las manifestaciones pacíficas y los bloqueos.
Hasta el momento la Oficina de la ONU ha verificado 46 de las muertes reportadas, 44 de las cuales eran civiles y dos eran policías. Además, hubo individuos armados que atacaron a los manifestantes, a veces con armas de fuego, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.
10 personas habrían sido víctimas de actores no estatales y no se ha podido establecer quién habría matado a ocho manifestantes más por falta de datos.
“Todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”, apunta el documento.
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Violencia sexual, estigmatización y atropellos a la prensa durante el Paro
A las muertes documentadas se suman reportes de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de la policía. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.
El informe dedica un renglón aparte a la criminalización y estigmatización de los manifestantes, a menudo a través de los medios de comunicación, a quienes se relaciona con actos vandálicos o actos de terrorismo.
También manifiesta preocupación por las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas que han documentado los acontecimientos.
Por otra parte, da cuenta de actos de violencia por parte de algunos manifestantes y los condena, pero insiste en que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas y resalta la disminución de las tensiones cuando hubo diálogo entre las autoridades y los participantes en las manifestaciones.
El Estado debe garantizar el derecho a la protesta
Frente a estos hechos, el estudio destaca la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos sin discriminación, al igual que la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
Por esta razón instó al gobierno de Colombia a cambiar su manera de lidiar con las protestas de la población para evitar más muertes y lesiones de quienes ejercen su libertad de expresión, participación y asamblea.
“El Estado colombiano no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones”, dice el texto sobre manifestaciones masivas que se extendieron por semanas en todo el país en un contexto de profundas desigualdades económicas y sociales agudizadas por la pandemia de Covid-19.
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Reparación integral y no repetición
La Oficina explica que esta última debe contemplarse como una reparación individual y colectiva para honrar la memoria y la vida de las víctimas, garantizar la no repetición al reconocer lo sucedido y apoyar adecuadamente a las personas que fueron afectadas por las violaciones y la violencia ejercida en las protestas y que ahora buscan reconstruir sus vidas.
Asimismo, subraya que es imperativo que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones.
También recuerda que las armas de fuego sólo deben usarse como último recurso ante una amenaza inminente a la vida o de lesiones graves.
Dispersar de forma indiscriminada una protesta con armas de fuego es siempre ilegal y viola los estándares internacionales de derechos humanos, enfatiza.
Recomendaciones
Para concluir, la Oficina recomienda a las autoridades colombianas tomar las medidas necesarias para garantizar que las instituciones encargadas de gestionar las protestas sólo recurran a la dispersión de manifestantes en estricto cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos.
De mismo modo, aboga por el emprendimiento de un amplio debate nacional sobre la reforma de la policía, incluyendo la posibilidad de transferir la policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil, y por mejorar los mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas.
“El objetivo de dichas reformas debería ser garantizar el goce efectivo del derecho de reunión pacífica en Colombia”, puntualiza la Oficina de la ONU.
