El informe de auditoría presentado a la gobernación del Quindío en cabeza del gobernador Roberto Jairo Jaramillo, encontró varias irregularidades en el hospital La Misericordia de Calarcá.
De acuerdo con lo revelado por el diario digital El Quindiano, la integridad de miembros del personal médico y pacientes estuvo en riesgo por la adquisición de unos tapabocas defectuosos y de mala calidad que hizo el centro médico.
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Luego de esta irregularidad tampoco se habría realizado el censo sobre cuántos tapabocas se debían reponer, ni se afectó la póliza de cumplimiento. Se pudo conocer que el gerente del hospital, Bernardo Gutiérrez Montoya no uso la póliza de calidad de los productos.
En consecuencia, hubo una adquisición de elementos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA.
Se utilizaron solo 317 de 4.000 litros de gel comprados
No hubo una buena planeación para la adquisición de elementos de bioseguridad en La Misericordia, pues se gastó más en gel que en la obtención de mascarillas y guantes quirúrgicos que son más necesarios. La Oficina de Control Interno cree que hubo una compra en exceso, que generó un incremento en los costos, además el gel se puede perder o dañar por el tiempo tan prolongado que deben estar en depósito.
El 16 de julio de 2020, por medio del contrato 2020-109, el hospital adquirió 2.000 litros de gel, y el 15 de septiembre por medio del contrato 2020-176 se adquirieron otros 2.000 litros de gel (este último en el marco del convenio interadministrativo No. 002 firmado con la alcaldía de Calarcá para la ejecución del PIC).
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De estos 4.000 litros de gel adquiridos, 123 litros se tenían que dar a la Alcaldía de Calarcá; de los 3.837 litros restantes, según el kardex se había gastado 317 litros de gel desde el 16 de julio al 31 de diciembre, para un promedio de 58 litros de gel por mes. Con este consumo promedio, estos litros de gel se gastarán en 61 meses, es decir hasta diciembre de 2025.
Según lo informado también hubo sobrecostos en la compra de cada litro de gel, pues se compró a un precio de $18.450, sin embargo en el mes de diciembre, la oficina control interno realizó cotización, y encontró que el litro de gel con iguales o mejores características se estaba vendiendo a $8.850, es decir $9.600 más económico del valor por el cual se adquirió, toda vez que estos se compraron en un momento en que la demanda era alta y la oferta baja; por esta razón se debió realizar una compra de litros de gel que cubriera el consumo de la vigencia 2020, y realizar compras de este producto en la vigencia 2021 a un precio más económico.
De acuerdo a proyecciones de la Oficina de Control Interno, se compraron 3.500 litros de gel más de los necesarios para la vigencia, lo cuales si se hubieran adquirido al precio de $8.850, la ESE hubiera obtenido un ahorro de $33 millones 600.000 pesos.
Pruebas Covid: se aplicaron sin contrato para su compra
Existe un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Se suscribió contrato No. 2020-113 para la compra de 50 kits de 20 pruebas rápidas IgG/IgM para un total de mil pruebas por valor de $39 millones de pesos, es decir cada prueba tuvo un costo de $39.000 pesos.
De acuerdo con la información del laboratorio clínico, las pruebas rápidas se empezaron a aplicar desde el 07 de julio de 2020, es decir casi 4 meses antes de que se realizara el ingreso de las pruebas al almacén, y 17 días antes de la firma del contrato. La fecha de inicio de la aplicación de las pruebas se corroboró con el reporte de facturación, que establece que la primera prueba se facturó el 07 de julio de 2020 a las 11:34 am. Las pruebas corresponden al lote QCO1020030 con fecha de vencimiento el 21/12/2020.
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Las pruebas llegaron como mínimo 17 días antes de que se firmara y se expidiera el Registro Presupuestal No. 258 del 24 de julio, sin que en ningún momento el supervisor del contrato informara dicha situación. Sin embargo, el supervisor aprobó el pago del mismo por medio de acta de supervisión No. 001 del 23 de octubre de 2020 por valor de $39 millones de pesos, cuenta que fue cancelada parcialmente al proveedor por valor de $20 millones 826.859 el día 18 de diciembre de 2020 por medio de comprobante de egreso No. 41.708 configurándose de esta forma un hecho cumplido en la contratación.
En este contrato, a pesar de tener una cláusula que las exigía, no se firmaron las pólizas de garantía. “En los documentos que hacen parte del contrato, ni en el SIA Observa ni en el SECOP, se encontró evidencia de que dicha póliza haya sido expedida, por lo cual es claro que el contrato no se podía iniciar, tramitar y ejecutar, configurándose así presuntamente la ejecución de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales” reza el informe de auditoría:
Pruebas de Covid vencidas
Por medio del contrato 2020-113, se adquirieron mil pruebas rápidas IgG/IgM, con un costo por unidad de $39.000, las cuales se empezaron a aplicar desde el 7 de julio de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020 (fecha de vencimiento del lote QCO1020030); De acuerdo con información del laboratorio clínico se aplicaron 513 pruebas, 7 se inhabilitaron por arrojar resultados erróneos y 480 pruebas se vencieron, por valor total de $18′ 720.000.
A la fecha, estas pruebas vencidas no se han podido cambiar ni devolver, toda vez que no se pactaron políticas de devolución con el contratista, ni se expidió la respectiva póliza de cumplimiento, presentándose una posible futura pérdida de recursos para el hospital.
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De acuerdo al área de facturación, se facturaron 486 pruebas, 27 pruebas menos que las informadas por el laboratorio clínico las cuales facturadas a $60.000 da un valor pendiente de facturar de $1’620.000. De igual forma se encontró que las 486 pruebas aplicadas fueron facturadas con precios desde los $15.000 hasta los $85.000 pesos, por lo que se dejó de facturar $4 ‘826.758 ya que el Ministerio de Salud y Protección Social sugería facturar cada prueba a $60.000. La ineficiente gestión representa una pérdida de $25’166.758 pesos.
Bolsas mortuorias en exceso
El hospital compró 455 bolsas mortuorias (resolución 2020-200 y contrato 2020-176): El 4 de mayo por medio de la resolución 2020-200 se adquirieron 50 bolsas para cadáveres COVID-19, y el 15 de septiembre por medio del contrato 2020-176 se adquirieron otras 405 bolsas mortuorias (este último en el marco del convenio interadministrativo No. 002 firmado con la alcaldía de Calarcá para la ejecución del PIC).
De estas 455 bolsas, según el kardex del sistema CNT INVENTARIOS, se había gastado 45 desde el 4 de mayo al 31 de diciembre, para un promedio de 6 bolsas por mes; con este consumo promedio, estas bolsas se utilizarían en 67 meses, es decir hasta diciembre de 2025.
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Las primeras 50 bolsas se compraron a $35.000 (bolsas cuyas características técnicas fueron establecidas de forma precisa e inequívoca), y las 405 bolsas restantes se compraron a $37.000 (contrato 2020-176, no se especificaron qué características debían tener las bolsas). De acuerdo a proyecciones de la Oficina de Control Interno, se compraron 305 bolsas de cadáveres más de las necesarias para la vigencia, con lo cual la Misericordia hubiera obtenido un ahorro de $11’285.000, que se pudieron destinar para otras necesidades del hospital.
Es decir, se destinaron recursos económicos a la compra de elementos que no se consumirán en un largo periodo de tiempo, dejando de priorizar gastos necesarios para la entidad. Estas bolsas se pueden perder o dañar por el prolongado tiempo que deben estar en depósito.
Gerente no quiere renunciar
A pesar de todas estas irregularidades y la grave crisis por la que atraviesa el hospital en el que ya se registró una renuncia masiva del personal médico y paramédico por la falta de pago de 4 meses de salario y la carencia de insumos médicos, el gerente Bernardo Gutiérrez Montoya no ha querido renunciar, incluso cuando el mismo gobernador se lo pidió.
La mala gestión tiene en cuidados intensivos al hospital, el segundo más importante del departamento, y al parecer el capricho obstinado del gerente por continuar tendría que ver con el respaldo que tiene en el cargo por parte de la candidata a la Cámara de representantes por el partido Liberal, y exgerente de Telecafé, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, quien junto a su hermano, el diputado Armando Aristizábal Saleg, recomendaron la llegada de Gutiérrez Montoya al cargo.
Vale la pena mencionar que el informe que había presentado Bernardo Gutiérrez Montoya a la junta directiva del hospital y al gobernador es contradictorio con el informe de auditoria.
«Ponemos en conocimiento de la opinión pública, que luego de 8 meses de solicitados los informes sobre la real situación del hospital a la gerencia, sólo hasta ahora se allegó una información, la cual no coincide con la entregada por la revisoría fiscal y con la de la oficina de Control Interno. Se observan faltas a la verdad y se identifica la carencia de soportes y otras evidencias necesarias en dicho informe», reveló Jaramillo Cárdenas sobre la situación del centro médico.
Que lo manden para la cárcel, con razón la crisis del hospital con esa calidad de director. Gastarse miserablemente la plata mientras los trabajadores trabajando gratis. Nohay derecho este pais está en una crisis de valores que da ganas de llorar. Qué impotencia😭😫