Carlos Alberto Franco Cano, exdirector de la CRQ condenado a más de 8 años de cárcel por corrupción en la entidad en 2009.

El exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-, Carlos Alberto Franco Cano, fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión, además del pago de una multa de más de 91 millones y medio de pesos, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros.

Junto al exfuncionario fue condenada la señora Yolanda González Vega, exasesora de la oficina jurídica de la entidad durante la dirección de Franco Cano, quien deberá pagar 64 meses de cárcel, así como una multa cercana a los 67 millones de pesos, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La sentencia además señala que el exdirectivo no obtendrá ningún beneficio, por lo que deberá pagar su pena en una cárcel. Aun así se le descontará el tiempo en el que estuvo detenido mientras se adelantaba el proceso en su contra.

Los exfuncionarios además no podrán aspirar a cargos público. Sin embargo la condenada sufre una enfermedad, por lo que el juez del caso decidió no emanar la orden de captura contra ella, como sí lo hizo con Franco Cano.

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Otros que habían sido señalados en este caso, como son Gloria Lucía Zapata Urrea y Carlos Enrique Uribe Amórtegui fueron absueltos, ya que no se demostró ninguna culpa sobre ellos. La decisión fue apelada por la fiscalía.

Los hechos por los que se produjeron las condenas sucedieron en 2009, cuando se adelantó la contratación del proyecto Sina por un valor de $162’414.304, de los cuales la CRQ ponía $145’414.304, y el restante una fundación denominada Mages $17 millones, y que tenía como objeto la compra y siembra de 258 mil plantas en procesos de reforestación.

Según lo relatado por el fiscal, la ley permite hacer convenios con fundaciones sin ánimo de lucro, como aparentemente era Mages, pero esta no cumplía con los requisitos de ley como estar constituida con mínimo 6 meses de anticipación contar con experiencia certificada en el mismo tema y tener el dinero para ejecutar el convenio. Además hubo anticipos irregulares,

Además, en la audiencia el fiscal afirmó que la fundación fue creada por Édgar Giraldo Herrera —quien fue el subdirector de políticas ambientales de la CRQ— y por su esposa Gloria Lucía Zapata Urrea —a quien también le imputaron cargos—.

Otra de las irregularidades es que la CRQ le pagó a Mages el 50% del dinero al inicio del proyecto y el otro 50 % cuando fue presentado, sin haber realizado ninguna actividad material.

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