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7 civiles entre ellos una pareja de esposos y un menor de edad estarían dentro de los falsos positivos del ejército en Putumayo denunciados por la comunidad.

Este lunes 28 de marzo el Ejército de Colombia informó sobre 11 abatidos que señalaron como disidentes de las Farc en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Sin embargo, horas después se empezaron a conocer denuncias que apuntaban a que las personas asesinadas no correspondían a guerrilleros sino a campesinos que se encontraban reunidos en un bazar de la caseta comunal para realizar mejoras en la vereda.

De acuerdo con la versión de algunos familiares de las victimas, las personas que el ejército presentó como bajas subversivas eran líderes comunitarios de la zona.

“En ese momento, ellos estaban en una actividad de un bazar, él se había ido hace como un mes y 15 días, había sido elegido por la comunidad para que dirigiera ese bazar”, dijo Jorge Eliécer Hernández, tío de Dídier Hernández Rojas, residente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso.

Junto a Hernández Rojas también fue asesinada su esposa Ana María Sarria, a quien también hicieron pasar como integrante del grupo al margen de la ley. La pareja dejó 2 niños huérfanos, un niño de 2 años y una menor de 6. Los familiares afirmaron que realizarán una demanda al Estado por lo sucedido.

Entre los acribillados también se encontraría el gobernador indígena del cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche, según lo informado por La Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, organización que pidió una investigación profunda por parte de la Procuraduría ante lo que podría tratarse un falso positivo militar.

Se pudo conocer que un menor de 16 años también fue ultimado en el sitio que no sería zona selvática ni una guarida de delincuentes, sino una caseta aledaña a una cancha de fútbol. En el registro de la operación también se mencionó que un soldado habría quedado herido.

La Red de DD.HH. del Putumayo subrayó que hay “cuerpos desaparecidos” y que también se ha producido “desplazamiento de los habitantes de la vereda, ante la preocupación y el miedo que estos hechos causan y el rechazo rotundo al reporte que hasta el momento ha hecho el Ejército“.

 

Piden retractación del ministro de Defensa e investigación del caso

Frente a las bajas el ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció al respecto y dijo que “Gracias a operaciones ofensivas de la fuerza pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales — cifra que después ascendió a 11 — y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo”, trinó.

El Ejército pudo confirmar que una de las personas capturadas es una mujer en embarazo, sin embargo no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de falsos positivos.

Por esta situación la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -Opiac- le pidió al ministro retractarse por la declaraciones y le exige que “aclare que las personas asesinadas no eran guerrilleros sino población civil”.

Por su parte a la Fiscalía le exigieron que indague las condiciones reales en las que ocurrió  «la masacre perpetrada por el Ejército nacional” y solicitaron garantías al Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- para que no haya una alteración de la escena del crimen.

Así registró la denuncia de los familiares la página de noticias Andrés Prensa:

Demolieron casa de abuela de 93 años porque policía dijo que era un ‘olla’ en Pereira


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