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El fallecido exconcejal de Armenia, Néstor Fabián Herrera Fernández, fue absuelto por la Procuraduría General de la Nación, frente al caso por el que había sido sancionado con 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por la Procuraduría Regional y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.

Néstor Fabián, quien se quitó la vida el pasado 17 de agosto, había sido investigado por la presunta transgresión del régimen de inhabilidades al inscribirse y haber sido elegido como concejal de Armenia en el periodo 2016-2019, cuando su cónyuge ejercía el cargo de contralora provincial del Quindío.

La sanción había sido convertida a una multa por 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes -SMMLV-, por lo que en el momento de su muerte el exedil se encontraba laborando como funcionario de la alcaldía municipal de Armenia, en el cargo de subdirector del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional -Dafi-.

La Procuraduría falló a favor de Herrera Fernández y resolvió eliminar cualquier registro o anotación disciplinaria negativa que exista en el sistema de antecedentes disciplinario contra el ciudadano referente a la sanción que derivó esta decisión en última instancia.

Dentro del fallo la PGN señala que la Procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa, quien falló en segunda instancia, lo hizo sobrepasando el tiempo exigido por la ley de máximo un año, por lo que se incurrió en irregularidades sobre la decisión tomada.

Señala además que no hubo certeza de la falta al proferir el fallo de segunda instancia y que existió, incluso, una primera providencia absolutoria por parte de la Procuraduría Regional del Quindío.

En el fallo se conoció que la esposa de Néstor Fabián señaló que la pérdida de su curul y los problemas económicos y deudas de las que se hizo acreedor para afrontar el proceso, sumieron al exconcejal en una profunda depresión que lo llevó a tomar la fatal decisión del suicidio.

Vale la pena recordar que el fallecido Herrera Fernández se opuso como concejal a la controversial valorización impulsada por la alcaldesa Luz Piedad Valencia. Además era administrador de empresas con énfasis en administración financiera, y había terminado su carrera de derecho, aunque no se había graduado.

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