Comerciantes de Filandia denuncian amenazas y persecución por parte del alcalde

Comerciantes de Filandia denuncian amenazas y persecución por parte del alcalde. La situación está denunciada ante el ministerio Público.

Nueve comerciantes de los kioscos ubicados en el parque de Filandia están en la incertidumbre de perder su espacio y el sustento de sus vidas, como consecuencia de las medidas dictatoriales del alcalde Duberney Pareja Giraldo, que llegó a imponer un proceso de regulación del espacio público sin contar con la participación de la ciudadanía.

Según la denuncia de varios emprendedores, este año el mandatario tomó la decisión por medio del decreto 115 de 2024 de cobrarles un arriendo y realizar un contrato a término de un año para que ellos puedan utilizar el sitio en el que muchos llevan más de 15 años trabajando.

Ante esto los comerciantes sostienen que el alcalde no hizo ningún estudio socioeconómico ni derogó el acuerdo municipal 041 de 2003 que los ampara en el uso de los kioscos sin el pago de ningún canón de arrendamiento, por lo que esta iniciativa de empezar a cobrar tuvo que pasar primero por el concejo para definir las tarifas que deben pagar los comerciantes por el uso de estos lugares.

«Son unas condiciones que solo le favorecen a él y a nosotros no nos beneficia en nada y como nos manifestamos desde ahí empezó la persecución», apuntaron varios comerciantes que prefirieron conservar sus identidades en el anonimato, pues manifiestan que se sienten perseguidos por la administración.

La inconformidad de la mayoría tiene que ver también con que el burgomaestre primero les ordenó realizar unas adecuaciones en las instalaciones en el mes de julio, que según los denunciantes, ascendieron a más de 20 millones de pesos para algunos, por lo que tuvieron que endeudarse con los bancos para cumplir este requisito que debía estar subsanado ante la secretaría de Planeación municipal en un término de 2 meses.

A continuación puede ver en imagen el documento que le exigió a los comerciantes hacer la remodelación de los kioscos:

Posteriormente en una socialización con los involucrados, Pareja Giraldo les indicó que también debían empezar a pagar un arriendo por el uso del establecimiento.

Cabe destacar que en el lugar antes de la llegada de este alcalde había 16 establecimientos y según los ciudadanos la administración permitió la instalación de otros 3 puntos este año 2024.

Frente a la posibilidad de establecer un diálogo y una mesa de concertación, los denunciantes expusieron que no ha sido posible sentarse con el alcalde, razón que los obligó a manifestarse y elevar quejas formales ante las autoridades, pues finalmente ellos no se oponen a pagar un arriendo, pero sí a las presuntas medidas arbitrarias de la alcaldía.

No obstante, para varios de los comerciantes ya existen órdenes de desalojos que en cualquier momento la inspección de policía podrá hacer efectivas, por lo que muchos se abstienen de realizar más denuncias.

Se pudo conocer que 9 administradores no firmaron el contrato a la espera de una conciliación y mejorar los términos contractuales, sin embargo, el alcalde ya no tendría la voluntad de firmar más contratos, por lo que estas personas tendrían que desocupar.

Diputada del Quindío denunció la presunta persecución a comerciantes de Filandia por parte del alcalde

Precisamente el equipo periodístico de 180grados.digital pudo conocer un documento que la diputada del Quindío, Jéssica Obando, elevó ante los órganos de control en el que se denuncian cierres arbitrarios, desplazamientos y favorecimiento de terceros por parte de la alcaldía.

«Lo problemático de este proceso, además de la falta de comunicación, concertación y desconocimiento de los derechos otorgados mediante Acuerdo Municipal, ha sido la actitud de persecución y señalamiento de los comerciantes que se han opuesto a las medidas. Les ha amenazado, amedrentado y manifestado que los va a sacar del municipio», señala el documento

La situación ha sido tan azarosa que un comerciante denunció que tuvo que pedir cita con el psicólogo por el pánico que le ha causado el hecho de oponerse a las medidas del alcalde, pues se siente asediado y vulnerable ante las represalias que pueda tomar el mandatario por el solo hecho de exponer su caso.

Del mismo modo todos los denunciantes optaron porque este medio de comunicación mantuviera ocultas sus identidades para proteger su integridad.

«Tanto ha sido la arbitrariedad que ya reposan 3 denuncias penales contra el alcalde por constreñimiento ilegal y una medida de protección otorgada por la Fiscalía General de la Nación a favor de uno de los denunciantes», apuntó el documento redactado por la asambleísta Obando.

En el escrito la integrante del Pacto Histórico develó que el mandatario usó redes sociales y espacios en medios de comunicación «para señalar directamente y acusar de presuntos delitos, de entrada inexistentes, a diferentes ciudadanos y ciudadanas que le han increpado por sus actuaciones», indicó.

Diputada Jéssica Obando pidió la mediación del ministerio Público para acompañar a la comunidad en Filandia

Obando agregó que el alcalde incluso le prohibió a la comunidad en un comunicado no asistir a ninguna convocatoria que haga una persona o una autoridad diferente a la alcaldía de Filandia

«Acto seguido señala que ningún sinvergüenza está autorizado para venir y hacer reuniones aquí, está totalmente prohibido, situación que constituye una clara violación a los derechos fundamentales, especialmente el derecho fundamental contenido en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia y constituye causal de sanción disciplinaria», subraya el documento.

Estas denuncias reposan ante la Procuraduría provincial de Armenia y la dirección de Derechos Humanos del ministerio del Interior, instancias a las que tuvieron que acudir debido a que presuntamente la ciudadanía no cuenta con el apoyo del personero municipal ni de la inspección de policía.

Para conocer el documento de las denuncias haga clic aquí.

Vale la pena mencionar que el alcalde también fue señalado de otras situaciones como presuntamente hostigar a la concejala María del Carmen Castaño, que posteriormente tuvo que renunciar a su cargo, al parecer producto del matoneo de este sujeto.

Por esta razón la diputada Obando pide al ministerio Público acompañar la mesa de mediación que se instale entre el alcalde y la ciudadanía para garantizar sus derechos constitucionales.