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Este martes 6 de julio el presidente Iván Duque sancionó la ley que castiga con cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños en Colombia presentado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. El pasado martes 15 de junio la plenaria del senado había aprobado este proyecto con 67 a favor.

Esto quiere decir que a partir de hoy la ley entra en vigencia, sin embargo varios analistas y abogados consideran que la medida es inconstitucional y en realidad no previene efectivamente el delito, pues no garantiza precisamente la protección que los menores necesitan, por lo que la propuesta sería puro populismo punitivo.

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Vale la pena mencionar que la condena no podría aplicarse en el caso de que los acusados sean menores de edad y tampoco tendrá carácter retroactivo, es decir que no podrá ser aplicada a las conductas cometidas con anterioridad a la sanción de la ley reglamentada.

 

Violadores condenados a cadena perpetua podrían quedar libres al cumplir 25 años de pena

El proyecto de ley busca reglamentar 3 elementos de la reforma constitucional entre ellos la revisión que podría hacerse 25 años luego de aplicada esta sanción para evaluar las circunstancias de agravación punitiva que tendrían que existir para que se imponga este castigo.

Esa revisión deja la duda sobre la posibilidad de que cumplido ese plazo los condenados a cadena perpetua pudieran terminar libres.

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Al respecto el representante César Lorduy, uno de los promotores de la ley explicó que “Quedó establecido que se hará la revisión a los 25 años, pero el condenado, si cumple con los requisitos establecidos por la ley para esa revisión, solo podrá quedar libre cuando cumpla la totalidad de la pena que tendría por los delitos cometidos si no se le hubiese condenado a cadena perpetua”, indicó.

Es decir, la pena mínima sería de 50 años, pero si al revisar la condena se levanta la cadena perpetua, el condenado todavía tendrá que completar la pena máxima que debería purgar sin ella.

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Lorduy también detalló que estos cambios aplicarán desde la promulgación de la ley, al tiempo que recalcó que este tipo de delitos contra menores no tienen beneficios administrativos.

Entre otras disposiciones, la ley establece que no se aplicará a menores de edad y que estos crímenes no prescribirán.

 

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