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En diciembre de 2020 el Miniterio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC- adjudicó un contrato por 1,07 billones de pesos (1 billón es igual a 1 millón de millones de pesos, para llevar internet a diferentes institución de educación públicas, sobre todo de zonas rurales de Colombia, entre ellas el departamento del Quindío.

El proceso de inmediato generó suspicacias y hubo quien interpuso una tutela para que se revisara la adjudicación. Fue así como un juez de Zipaquirá le ordenó al MinTIC suspender el proceso.

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Al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó una garantía del banco Itaú. Se comprobó que esta era fraudulenta, pues no había sido expedida por dicha entidad. El banco, al enterarse de la situación, le notificó al MinTIC que no había expedido ningún documento y además precisó que dará noticia de esta situación a las autoridades penales.

En el proceso están vinculados los interventores de ese contrato, por lo que la ministra de las TICs, Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como meta llevar Internet gratis a las instituciones públicas a nivel nacional.

La Unión Temporal debía cubrir la denominada región B del país, que conforman los departamentos de Quindío, Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

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La meta era conectar el 70 por ciento del país antes de agosto de 2022., por lo que el escándalo ha tomado fuerza debido a que se conoció que en el proceso se realizó un anticipo de $70.000 millones, recursos que hay quienes afirman van a ser muy difíciles de recuperar.

El tema tiene en la cuerda floja a la ministra Abudinen, mientras diferentes sectores políticos exigen a las uribista fiscalía, contraloría y procuraduría, que inicien ya las respectivas investigaciones.


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