Aunque en muchos estados endurezcan leyes migratorias, hay una ciudad de Estados Unidos que acoge indocumentados y protege al migrante.
Mientras algunos estados de Estados Unidos continúan implementando políticas antiinmigrantes, la ciudad de Lancaster, Pensilvania, ha optado por una dirección completamente opuesta al aprobar medidas para apoyar a la población inmigrante.
El consejo de la ciudad, compuesto exclusivamente por demócratas, ha aprobado por unanimidad una orden que limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Esta medida impide que la policía local y cualquier otro funcionario de la ciudad cuestionen el estatus migratorio de las personas, a menos que sea requerido por ley estatal o federal, o bajo una orden judicial.
En contraste con estados como Florida, donde las autoridades están obligadas a indagar sobre el estatus migratorio, en Lancaster se prohíbe proporcionar cualquier información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pueda llevar a acciones civiles o no penales relacionadas con la ley de inmigración.
El vicepresidente del consejo de Lancaster, Jaime Arroyo, aseguró a NBC que estas medidas no comprometerán la seguridad de nadie, ya que la policía seguirá cooperando con ICE si es necesario.
Ley de Confianza para migrantes
Estas políticas están en línea con la llamada Ley de Confianza o Trust Act, que busca permitir a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, transitar y utilizar los servicios públicos sin temor.
Organizaciones proinmigrantes han elogiado estas iniciativas, señalando que muchos indocumentados han expresado preocupación ante la posibilidad de tener contacto con la policía, temiendo la separación de sus familias.
Lancaster, donde el 40% de la población se identifica como hispana y alrededor del 11% no habla bien inglés, se presenta como un ejemplo de apoyo a la diversidad y la inclusión.
Aunque las autoridades han aclarado que no son una ciudad santuario, sino simplemente acogedora, su enfoque hacia los inmigrantes refleja un compromiso con la seguridad, protección y refugio para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.
