En las últimas horas la JEP ordenó exhumación de cuerpos en cementerio de Salento para ubicar desaparecidos.
La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- ordenó la exhumación de cadáveres del cementerio El Carmelo de Salento con el fin de buscar personas desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia.
Esta orden se emitió una vez se realizó la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre 27 cementerios de Quindío y Risaralda.
Para realizar esta labor la entidad le encargó a la Unidad de Investigación y Acusación – UIA – la presentación de un proyecto de intervención forense.
Dicha exhumación deberá hacerse en cooperación con la Fiscalía y el apoyo técnico de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
El plazo de presentación del proyecto será de 20 días hábiles a partir de la fecha, es decir que la exhumación se empezaría a realizar el próximo mes de enero de 2023.
Además del ‘Municipio Padre’ la intervención también se realizará en el cementerio Jesús María Estrada, de Marsella, Risaralda.
JEP pidió medidas especiales para cementerio privado de Salento
La JEP halló 115 puntos de interés forense en el cementerio privado inversiones y planes de la paz, por esta razón se dictaron restricciones sobre el sitio mientras se adelantan más investigaciones al respecto.
En total habrían 164 lugares catalogados como de interés forense en 9 cementerios del departamento.
Prórroga por 6 meses para exhumación de cuerpos en cementerios del Quindío
En el Quindío cementerios de 11 municipios fueron objeto de medidas cautelares por la JEP, pues se presume que en estas localidades hay cuerpos de personas desaparecidas.
No obstante, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó 6 meses de prórroga para que empiecen a cumplirse estas medidas.
Entre otras directrices la JEP le ordenó a la gobernación del Quindío formular planes de atención para las víctimas de desaparición y cooperación con el Instituto Nacional de Medicina Legal con miras a superar las deficiencias de orden técnico y logístico que permitan dar celeridad al proceso de localización, protección, debida custodia e identificación de los cuerpos exhumados.
Este proceso deberá adelantarse por el gobierno departamental a través de un plan estratégico en conjunto con los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Esta situación se da porque la Sección percibió un abandono institucional por el cual no le ha brindado la debida atención a las víctimas.
“Ello se manifiesta en que persisten vacíos institucionales, deficiencia en la información, acciones incompletas de los obligados a dar una respuesta efectiva a las víctimas, familiares de buscadoras y buscadores de personas dadas por desaparecidas», declaró la sección.
En el Quindío, la JEP ordenó medidas cautelares en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia.
Cifras de desaparición forzada
La sección pudo establecer que, como ha ocurrido en otras regiones de Colombia, la información no es clara ni uniforme frente a las cifras de víctimas de desaparición forzada.
Según la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas de desaparición forzada y 1.388 indirectas, y en Quindío, 158 víctimas directas y 416 indirectas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta 2.967 víctimas de desaparición en los dos departamentos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – Ubpd – suma 1.224 personas desaparecidas en estos departamentos.
Según los informes del Ministerio del Interior, podrían encontrarse 2.261 cuerpos no identificados y 539 cuerpos identificados y no reclamados en los cementerios sobre los cuales se impusieron las medidas cautelares en Risaralda y Quindío.
