El Acuerdo 03 del 10 de marzo de 2020, aprobado por el concejo municipal de Salento, y que prohibe el uso de icopor y plástico de un solo uso en la localidad, fue enviado al Tribunal Administrativo del Quindío, para control de validez.
Así lo determinó la gobernación del Quindío tras conocer los detalles de dicho documento. «Es un deber legal y constitucional de todos los gobernadores enviar al Tribunal los acuerdos de los concejos municipales que pudieran violar la Constitución, para que sea esa instancia judicial quien defina su validez», señaló el secretario Jurídico de la gobernación, Mauricio Jara, según cita el medio de comunicación elquindiano.com.
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Jara indicó que con este acuerdo se estaría violando el principio de la libre comercialización de estos productos en el país, por lo que no pueden ser los concejos municipales, sino el Congreso de la República, quien legisle sobre el tema.
«Solicitar el control de validez de los acuerdos no es un capricho del gobernador ni de la oficina jurídica del departamento, sino un deber constitucional que se debe cumplir sin aplazamientos», señaló el funcionario.
