Un proyecto de ley presentado por el senador José Ritter López busca que las personas privadas de la libertad puedan ejercer el derecho al voto en Colombia. La iniciativa ya tiene el visto bueno del Consejo Superior de Política Criminal y ahora pasará a debate en el Congreso.
“El proyecto cuenta con un propósito viable teniendo en cuenta que contribuye con la resocialización como fin de la pena y propende por la inclusión del condenado en la convivencia social, lo que a su vez favorece la rehabilitación y reintegración de este”, indicó el organismo colegiado asesor de gobierno.
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No obstante, el Consejo Superior de Política Criminal también emitió una serie de observaciones para el proyecto de ley 067 del senado, por ejemplo pidió precisión sobre qué tipo de presos podrían acceder al derecho, ya que algunos condenados tienen penas que los inhabilita para funciones públicas o derechos como el voto.
Además, exigió aclarar cuál será la entidad encargada del manejo de ingresos de candidatos a los centros penitenciarios. En ese sentido pidió precisión sobre si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- será el responsable de este tipo de control.
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De acuerdo a esto, también se deberá contemplar una reglamentación para el proselitismo político dentro de los centros carcelarios del país. Hasta el momento el artículo 57 del código Penitenciario y Carcelario establece la prohibición de este tipo de actos al interior de las cárceles.
Según Ritter López, las recomendaciones se tendrán en cuenta para ser incluidas dentro del proyecto en el Congreso. El primer debate de esta iniciativa tendrá lugar en la Comisión Primera del Senado, donde el congresista Roy Barreras rendirá ponencia.
Críticas al proyecto
Algunos sectores han criticado al proyecto, ya que corre el riesgo de convertirse en un caldo de cultivo para la corrupción en los centros penitenciarios que se pueden politizar una vez los presos puedan acceder al voto, señaló El Tiempo.
Sobre esto Ritter respondió que se tratan de “derechos que son inalienables, primordiales y constitucionales” y agregó que las deficiencias del Estado no se le pueden trasladar a los ciudadanos privados de la libertad.
“En Colombia, esa es una pena accesoria: además de condenarlos a la privación de la libertad, se les niega elegir y ser elegidos. Lo que queremos es que se elimine una de esas y tengan derecho a elegir”, concluyó el senador ante el diario impreso.
