La olla podrida del Senador Mario Castaño, apoyado Sandra B. Arístizabal, candidata a la Cámara por el Quindío

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Conozca la olla podrida del Senador Mario Castaño, apoyado Sandra Bibiana Arístizabal, candidata a la Cámara por el Quindío.

Una verdadera olla podrida en la que se sistematizó el saqueo al erario de varios departamentos y de la misma Nación, a través de contrataciones en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, fue puesta al descubierto y publicada por la Revista Semana.

El entramado de corrupción bañó por completo al senador liberal Mario Castaño, caldense que aspira a ser reelegido en el Senado, de la mano de su fórmula en el Quindío, la candidata a la Cámara Sandra Bibiana Aristizabal Saleg.

Según informó Semana, 9 personas, entre ellas varias de la entera confianza del congresista, habían sido capturadas por agentes del CTI de la Fiscalía en Manizales, Chocó y Bogotá, y quedó lista una compulsa de copias en contra del congresista ante la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud señala que debe ser investigado por interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.

Para la Fiscalía, las acciones de corrupción dan para pensar que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspira a su tercer período, y quien “en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.

Las autoridades tienen evidencias del actuar de la banda criminal en contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento para la Prosperidad Social, Proyecta Quindío, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, el Sena, la Gobernación de Caldas, la Gobernación de Chocó, Gensa, Dispac y más de 20 alcaldías en Caldas, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca.

Los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, donde se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

De acuerdo con el mencionado medio de comunicación, en el Congreso, recientemente, Castaño presidió entre 2019 y 2020 la poderosa Comisión Cuarta del Senado, donde se tramitan las leyes orgánicas de presupuesto. En 2021 fue el coordinador ponente del presupuesto de la Nación para 2022. Hoy, en su campaña al Congreso, tiene el número 9 en la lista al Senado por el Partido Liberal y se hace llamar ‘El senador de las regiones’.

En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez, a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.

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En la llamada, Martínez les cuenta a las mujeres, a petición del senador, anécdotas en torno a cómo se concretó ese negocio. En el mismo diálogo, se habla que en Chocó también les habrían prometido entregarles el negocio del “tránsito”. Castaño y Martínez, en otra comunicación, hablan de montar Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), donde los conductores tienen por obligación tramitar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos.

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El congresista le responde que en el Cauca ya tiene alcaldes que podrían ayudarlo para los CDA y le reprocha a su asesor que hay que estar pendientes de la plata: “Juan, usted, marica, se va pa’ allá, a pensar solo en votos y hay que pensar primero en el billete, güevón, uno tiene que ser empresario primero que ser político, güevón, usted es muy bobo, güevón…”

En otro aparte de las llamadas interceptadas entre ambos, se habla de una donación de 1.500 millones de pesos al exalcalde de Popayán César Cristian Gómez Castro, candidato a la Cámara en el Cauca por el Partido Liberal, que cuenta con el apoyo del senador Castaño.

El congresista, según las pesquisas, le habría sacado una tajada de 100 millones de pesos a cada obra del proyecto ‘Sacúdete’, un programa del Gobierno Nacional que consiste en la construcción de obras cuyo valor oscila entre 1.400 y 3.000 millones de pesos.

De acuerdo con las interceptaciones, en poder de esta revista, Castaño y los demás investigados hacían la gestión de los recursos ante el Gobierno, cuadraban a los alcaldes y contratistas y se quedaban con las obras. Por cada ‘Sacúdete’, de acuerdo con los audios, Castaño exigía una coima de 100 millones de pesos. Así lo cuenta Martínez en su diálogo con el contratista Santiago Castaño. “De los ‘Sacúdete, el hombre me dijo: son 2.400, creo, y me dijo: usted me responde por 100 por cada uno”.

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La banda de criminales ladrones del Estado

De la red del senador Mario Castaño formaban parte presuntamente integrantes de su equipo de trabajo, lobistas y contratistas en diferentes departamentos. Por lo menos 70 personas en total estarían involucradas en esta organización criminal.

En las últimas horas, los investigadores ya capturaron a Lorena Cañón, una relacionista pública al servicio del congresista; al contratista Santiago Castaño y a su hermana, Claudia Marcela Castaño; a Alejandro Noreña, señalado además de exigirles coimas y favores sexuales a las personas que ayudaba a ubicar como contratistas en diferentes entidades del Estado; y a Juan Sebastián Vargas, Daniela Ospina, Jeiler Javier Sánchez, Wílmar Herrera y Harvis Arturo Rentería.

Estos tres últimos estarían implicados en la operación delincuencial en el Chocó, donde el senador Castaño se habría beneficiado de la prórroga del contrato para la comercialización, distribución y venta de aguardiente Platino, a través de la firma LicoChoco S.A.S. El gobernador de ese departamento, Ariel Palacios, en julio del 2020, le pidió permiso a la asamblea departamental para tener facultades y así prorrogar dicho contrato, tal como ocurrió.

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Juan Carlos Martínez, de 37 años, nacido en Manizales, la mano derecha del senador Castaño, está hoy prófugo y es buscado por las autoridades. Otra persona pendiente por capturar es John Alexánder Sánchez, un contratista conocido con el alias de ‘El Pato’, quien habría sido clave para lograr una cesión calificada de irregular de un contrato de mitigación del riesgo en Manizales por unos 17.000 millones de pesos.

Martínez, según el expediente, “era el principal responsable de mantener comunicación con mandatarios, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos”.

Así mismo, Martínez habría coordinado “pagos y distribuciones de coimas, administró recursos de la organización delictiva, tiene participación societaria por interpuesta persona en la empresa Top de Ingeniería S.A.S., empresa que ha sido beneficiada de manera indebida en contratación estatal en varios municipios”.

Martínez, al parecer, lavaba parte de la plata de la corrupción en bienes inmuebles del senador Castaño, entre ellos una finca en Manizales y un hotel en Orito -Putumayo-, que aparecerían registrados a nombre de terceras personas.

En el caso de Daniela Ospina, el expediente agrega que tenía una relación sentimental con el congresista y actuaba en ocasiones como una intermediaria entre Castaño y el propio Martínez. La mujer, de 32 años, es señalada de manejar, custodiar y administrar “dinero en efectivo del grupo delincuencial”. Ospina vivía con Castaño en una residencia donde, según las pesquisas, “se guardaban grandes sumas de dinero en efectivo”.

Por su parte, la relacionista pública Lorena Cañón, los investigadores tienen evidencia de su tarea de gestión ante los ministerios donde buscaba la viabilidad de los proyectos y ante alcaldes en Caldas y Tolima. Se documentó que, por su gestión, habría recibido diferentes pagos. En el expediente se relacionan por lo menos tres de ellos: 10 millones de pesos el 17 de marzo de 2021; 34 millones de pesos, el 14 de abril de 2021, y 100 millones de pesos, el 15 de julio de 2021.

Sobre Alejandro Noreña, la investigación señala que “extorsionó en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 a personas desempleadas, mediante la exigencia de dinero, a cambio de lo cual gestionaba el respectivo nombramiento y/o celebración de contratos de prestación de servicios”. Para lograr este cometido, se utilizaba la influencia del senador Castaño, quien, según la Fiscalía, estaba al tanto de “esta actividad ilícita”.

Noreña les exigía a las personas que tenían que entregar el primer mes de salario u honorarios. Y durante este año, adicional, a algunas personas les hacían exigencias de favores sexuales “para acceder a dichos nombramientos o contratos”. En una conversación entre Martínez y Noreña, el asesor del senador Mario Castaño dice que al congresista le dan el 10% de participación en contratos.

En varias licitaciones, además, se ponían de acuerdo y se presentaban a los procesos a través de distintas empresas con el fin de simular una aparente pluralidad de oferentes. Por lo menos 10 alcaldes y un gobernador ya están en la mira por todos estos hechos. Algunas de las empresas que se rastrean son, entre otras, Top Ingeniería S.A.S., Ingeniería y Futuro, Génesis y Procivilic.

Toda la investigación, conocida con el nombre de ‘Las Marionetas’, en alusión al senador Mario Castaño, se estructuró durante el último año y medio en la Fiscalía, en la Unidad Especializada contra la Corrupción.

En las últimas horas, la vivienda de Martínez en Manizales fue allanada. Allí, los agentes del CTI encontraron abundante documentación de empresas, siete teléfonos y unas 250 sim cards. Martínez sigue prófugo, al cierre de esta edición, al igual que el contratista conocido con el alias de El Pato.

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Con información: Revista Semana

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