Ya empezó a regir la ley de ‘Borrón y cuenta nueva’ en Colombia. La iniciativa busca que al menos 10 millones de colombianos puedan volver a acceder un crédito formal, Hasta el momento ya fueron eliminados 2,5 millones de deudores reportados en Datacrédito.
De acuerdo con Natalia Tovar, vicepresidenta de asuntos jurídicos y corporativos de Datacrédito Experian se eliminaron los reportes negativos en las centrales de riesgo de usuarios con deudas pendientes desde hace menos de un año y hasta de 8 años o más.
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El proyecto consiste en que los deudores morosos se pongan al día con las cuotas atrasadas o si logran un acuerdo de pago con las entidades financieras debe esperar que se cumpla el tiempo de amnistía para que así la centrales eliminen el reporte. Es decir que después de pagar la deuda habrá un periodo de máximo 6 meses para ser eliminado del reporte.
La ley no tiene un tope en cuanto a los beneficiarios, pero sí un plazo para acogerse que son 12 meses en los que el deudor debe ponerse al día. Este beneficio aplica una sola vez para quienes se pongan al día con su obligación crediticia.
Con esta normativa también se le prohíbe a las empresas consultar a las centrales de riesgos al momento de otorgar un empleo.
En ese sentido también se protege a los usuarios de suplantación personal, pues las centrales deberán crear una aplicación digital en la cual se generen alertas al momento de adquirir nuevas obligaciones por el ciudadano.
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El reporte no bajará la calificación crediticia y las consultas al respecto serán totalmente gratuitas. Sin embargo, el historial crediticio seguirá existiendo tanto para personas naturales o jurídicas con malos o buenos hábitos de pago.
Vale la pena mencionar que esta información será tenida en cuenta por los establecimientos de crédito, pero no será el único dato para conceder un préstamo o producto y en el caso que haya una negativa, deberán expresar por escrito los motivos de rechazo de la solicitud.
Con relación a los reportes negativos registrados en pandemia, serán eliminados los causados entre el inicio de la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y el 31 de diciembre de 2020, pero solo si los titulares de la obligación intentaron una reestructuración de la obligación. No obstante, de continuar la mora posteriormente al 31 de diciembre de 2020, sí se reanudará el reporte.
