Por primera vez en la historia una mujer colombiana pagó su condena con servicio comunitario en un hogar de paso en Armenia.
Gracias a la ley de Utilidad Pública quedó en libertad Jennifer Andrea Zabala Henao, la primera colombiana en pagar su condena con servicio comunitario.
Esta mujer fue sentenciada por el delito de violencia contra servidor público, pero en lugar de cumplir su condena en una prisión, lo hizo aportando apoyo a personas vulnerables en un hogar de paso para adultos mayores y personas en situación de calle en Armenia, la Casa del Peregrino.
El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, Quindío, le permitió a Andrea Zabala contribuir con la ONG Confraternidad Carcelaria de Colombia y demostrar su compromiso con ser una nueva persona y resarcirse de sus errores.
“Necesitamos una segunda oportunidad, no puede juzgar a nadie porque no sabemos qué necesidades tengan, qué problemas tengan, y la idea es que entiendan que le puede dar una segunda oportunidad a las mujeres y son personas que por un error han caído en la cárcel…” expresó.
Así mismo añadió: “Fue algo muy diferente a estar en un en una cárcel, a estar interna sin poder estar con la familia. Creo que todo ha sido muy diferente porque en mi caso yo pude ayudar a mi familia con muchas cosas que me brindaron a mí, yo pude crecer como persona, mostrarles a las mamás que quieran salir adelante que podemos seguir”, concluyó.
Francisco Alonso Medina, Director de Confraternidad Carcelaria Regional Quindío, manifestó muchas de estas mujeres que han sido condenadas pueden recibir una segunda oportunidad y demostrar que es posible redimirse de los daños causados a terceros, aportando a personas que lo necesitan.
Esta ley lleva un poco más de 10 meses de estar en ejecución, actualmente hay 59 mujeres en todo el país que están pagando su sentencia con servicios sociales.