Con una gran inversión de la administración municipal recuperaron Centro del Menor Infractor del ICBF en Armenia.
De acuerdo con lo informado por la alcaldía de Armenia, tuvieron que pasar varias administraciones durante más de 10 años para que se dispusieran los recursos necesarios para adecuar y mejorar las condiciones del Centro de Atención del Menor Infractor.
En ese sentido la actual administración municipal dispuso de 150 millones de pesos, según lo afirmado por el alcalde José Manuel Ríos Morales. Si bien este sitio hace parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Icbf- por ley, le corresponde a los municipios cabecera de los distritos judiciales atenderlos.
«Entregamos estas mejoras para recuperar la dignidad de muchos de los funcionarios que estaban acá trabajando en unas condiciones deplorables; y de los jóvenes y sus familias que son atendidos y merecen un espacio digno. Vamos a hacer un compromiso por escrito delegando responsables para que nunca más vuelva a suceder esto”, informó el burgomaestre.
Por su parte, el director encargado del Icbf regional Quindío, Carlos Arturo Ramírez Yépez, agradeció al mandatario por realizar esta inversión que dejó el Centro Transitorio en unas condiciones adecuadas para realizar el trabajo.
«El centro estaba bastante deteriorado y gracias a los recursos destinados por el alcalde hoy tenemos una obra que quedó tan bonita”, señaló Ramírez.
¿Cuál es la función de estos centros?
Los centros del menor infractor albergan a los mayores de 14 y menores de 18 años que hayan infringido la ley y que son detenidos en flagrancia.
Julio Velasco Morales, líder del Sistema de Responsabilidad en todo el Quindío, explicó que una vez los adolescentes llegan al Centro se entregan en custodia al Icbf bajo un servicio del operador Hogares Claret.
“Una vez estando acá, el joven puede permanecer hasta 36 horas mientras que la Policía lo deja a disposición de la Fiscalía, le da un parte a la Defensoría del Pueblo y al defensor de Familia, para que cada quien haga lo que le corresponde a la Ley: a uno la verificación de los derechos, a otro la garantía de defensa y al fiscal buscar las pruebas para judicializarlo”, precisó.
El funcionario indicó, también, que el cupo es de 6 personas, pero, cuando se requiere, se han llegado a tener hasta 14, por las condiciones de comportamiento de los adolescentes.
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