La constructora Casamaestra no podrá reorganizarse financieramente como solicitó a Superintendencia de Sociedades después de varias denuncias en su contra.
La Superintendencia de Sociedades le negó a la constructora CasaMaestra la posibilidad de reorganizarse financieramente como lo había solicitado, ya que para el órgano de control dicha figura tendría que ejecutarse por orden de la Alcaldía de Armenia y no la empresa por su cuenta.
La constructora en días anteriores indicó la necesidad de reorganización debido a la disminución en sus ventas de apartamentos como consecuencia de la pandemia del Covid 19.
En ese sentido señaló que también se han presentado incremento en los costos de producción; demora en las licencias ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- y según la empresa también por desistimientos masivos de promitentes compradores de vivienda.
La constructora pretendía entonces una liquidación de la sociedad, sin que la administración municipal interviniera en el proceso tomando posesión.
Ante la negativa la Superintendencia de Sociedades sostuvo que la constructora está sujeta al régimen especial de “liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar” que deberá adelantar la Alcaldía de Armenia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 388 de 1997, en consonancia con lo dispuesto en los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968.
Cargos elevados contra la constructora
Hace pocos días la Dirección Administrativa de Planeación elevó cargos contra la constructora por presunta de violación a las normas urbanísticas y requerimientos para enajenar inmuebles destinados a vivienda de acuerdo con lo estipulado en las leyes colombianas.
Para dicho despacho, Casamaestra ha venido ejecutando proyectos inmobiliarios sin cumplimiento de las normas urbanísticas.
Además habría comercializado y vendido inmuebles sin el cumplimiento de los requisitos legales sumado a que posiblemete desatendió las obligaciones frente a los promitentes compradores de los proyectos en el Parque Residencial Oviedo, Proyecto Conjunto Residencial y Comercial Cibeles, Proyecto El Raval, Proyecto Torre Malasaña y Proyecto Torre SanGenjo.
El despacho considera que estos proyectos configuraron incumplimiento en sus obligaciones legales, tales como la entrega material y formal de los inmuebles prometidos en venta. Igualmente, se vincularon a las empresas financieras Fiduciaria Corficolombiana, Alianza Fiduciaria S.A, FiduBogotá, voceras de los patrimonios autónomos constituidos para desarrollar los proyectos.
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