Venta de licores podría cambiar drásticamente por demanda en Colombia que afectaría los impuesto y distribución por departamentos.
La industria licorera a nivel nacional está sobre la cuerda floja ante la demanda que analiza la Corte Constitucional, y que podría cambiar el impuesto al consumo de bebidas embriagantes, vinos, aperitivos y productos similares.
Dos productoras de aguardiente importantes en el país como lo son Industria Licorera del Cauca y la Fábrica de Licores de Antioquia, manifestaron estar a favor de la ley vigente. mientras que la reconocida Industria Licorera de Caldas busca que la anulen.
Cabe resaltar que la producción y comercialización de esta industria es manejada por el Estado, es decir, que este tiene la autoridad de utilizarla directamente o a través de terceros y así mismo organiza, regula y vigila que la producción de licores cumplan las normas establecidas por la ley.
Esto a su vez ayuda a los diferentes departamentos del país a generar ingresos por concepto de recursos económicos provenientes de las bebidas alcohólicas.
Es así como uno de los propósitos de esta demanda es permitir la venta de licor proveniente de otros departamentos, pues según los demandantes, así se protegería la producción local.
En el caso de que la Corte Constitucional decida ceder a la demanda, “se permitiría la entrada de otras marcas de aguardiente al mercado de cada departamento, lo que fomentaría una mayor competencia y diversidad de productos. Esto podría beneficiar a los consumidores al incrementar las opciones disponibles”. explicó Nicolás Rico, abogado miembro de la firma Scola.
Aun así, el profesional señaló que algunos aspectos de esta ley podrían ser cuestionables desde el punto de vista de la libre competencia, pues deja la posibilidad de que los departamentos prohíban la introducción de aguardiente de otras regiones por hasta seis años, lo que podría verse como una barrera injustificada al libre comercio.
