Alegando una supuesta campaña de desprestigio, este viernes renunció operador de PAE en el Quindío.30 mil estudiantes no tendrán alimentación este lunes.
Este viernes 5 de agosto renunció la Unión Temporal ‘Sinergia’, operador del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el Quindío después de múltiples denuncias que evidenciaron que no estaba cumpliendo con eficiencia la entrega de alimentos en las instituciones educativas de los 11 municipios.
El contratista se escudó descaradamente en decir que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio, por lo que no aceptó la prórroga para la ejecución del contrato, lo que quiere decir que desde este lunes 8 de agosto más de 30 mil niños en el Quindío no tendrán garantizada la alimentación.
La empresa encargada apenas llevaba una semana de haber empezado a repartir las raciones industrializadas para refrigerio y los insumos para la preparación en sitio, sin embargo fueron decenas de denuncias por parte de la comunidad educativa sobre el mal estado en el cual llegaban los alimentos a escuelas y colegios.
No obstante, la Unión Temporal Sinergia 2022 informó que su buen nombre se ha visto afectado por los que considera ataques “desproporcionados”, que desconocen la que califican como “una impecable trayectoria a lo largo de 20 años”.
Lo cierto es que esa experiencia no se vio reflejada en las múltiples frutas y verduras que llegaron podridas o biches a las instituciones, o en las avenas vencidas e inconsumibles para los estudiantes, situación que tenían la obligación de evitar, debido a que al anterior contratista se le retiró el contrato por las constantes irregularidades presentadas.
Frente a esta situación la Gobernación del Quindío indicó que le brindó a este las garantías jurídicas, administrativas y financieras para la ejecución del contrato, con el fin de asegurar la alimentación y el bienestar de los niños y niñas del departamento, una misión que no ha podido cumplir de manera satisfactoria hasta el momento.
En ese sentido el gobernador Roberto Jairo Jaramillo convocó a una mesa de trabajo interinstitucional con los entes de control en el departamento: Ministerio Público, Contraloría y las instancias involucradas, a efectos de analizar las alternativas de orden legal que permitan retomar el proceso para ver si por fin se le dan garantías y calidad a la población estudiantil.
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