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El proyecto de ley de reducción de jornada laboral propuesto por el exsenador Álvaro Uribe antes de renunciar a su curul fue aprobado por la Cámara de Representantes este jueves 17 de junio. La propuesta busca reducir las jornadas laborales de 48 a 42 horas semanales. En la actualidad 6 millones de trabajadores laboran más de 42 horas semanales en Colombia

Esta reducción se haría de manera gradual y comenzaría a implementarse dentro de 2 años, es decir que estimando que después de la etapa de conciliación el presidente Iván Duque sancione la ley, lo que propone el proyecto ya se habría cumplido para el año 2027 comenzando en el 2023.

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Uribe tuvo una intervención en el Congreso a propósito del texto que radicó haciendo referencia a que esta decisión aumentará la productividad y que las empresas que se han acogido a la disminución de la jornada tampoco han afectado la generación de empleo.

 

Empresarios rechazan el proyecto y lo tildan de populista

A pesar de que los congresistas enfatizaron en que esta medida no implicaría una reducción en el salario de los trabajadores, los empresarios aseguraron que dicho proyecto no solo podría generar recorte de personal, sino que no reduce el tiempo que demoran los procesos productivos de una empresa o sea tampoco ayudaría a incrementar la productividad de la economía colombiana en general.

Para los empresarios «Se está encareciendo la creación de empleo, se está afectando la competitividad“, señaló Bruce MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-.

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Las horas que ya no trabajará un empleado las tendrá que cubrir otro, por eso el gremio calcula que eso podría generar un costo extra equivalente a casi $27 billones anuales. Los empresarios además consideran que es muy pronto dar este tipo de beneficios porque muchas empresas apenas se están recuperando de la crisis generada por la pandemia.

Por su parte algunos críticos mencionaron que la reducción podría estimular el empleo informal y contrataciones irregulares para cubrir el tiempo restante, pero sin asumir los gastos legales que implica una contratación. Siendo así algunos consideran que la iniciativa propuesta por Uribe es una medida populista de tiempos electorales.

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