34 bienes ubicados en municipios como Quimbaya, así como en otras poblaciones del país, fueron ocupados e incautados por La Fiscalía General de la Nación, bajo medida cautelar, a varios integrantes de una red que tramitaba fraudulentas pensiones a militares.
La organización ilegal, presuntamente, obtuvo exámenes médicos con información falsa. Con estos documentos habría tramitado pensiones de invalidez o por disminución de la capacidad para militares que no cumplían con los requisitos de ley.
La actividad ilegal se realizó durante 5 años, en los que, supuestamente, se otorgaron pensiones con sobrecostos y se generó una millonaria defraudación a la Nación.
Por estos hechos, la Fiscalía logró la captura de 5 personas, quienes fueron imputadas y aseguradas por delitos como: estafa agravada, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
Las propiedades afectadas, avaluadas en más de 3.800 millones de pesos, están representadas en
inmuebles, vehículos y establecimientos de comercio ubicados, además de en Quimbaya, en ciudades como Bogotá, Santa Marta o Manizales y municipios como Charalá y Floridablanca -Santander-, Ginebra -Valle del Cauca-, Viotá y Madrid -Cundinamarca-, Sogamoso -Boyacá-, Villavicencio y Cubarral -Meta-, y el Gigante -Huila-.
Según la investigación los bienes habrían sido adquiridos con dineros producto de los actos de corrupción detectados.
Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo articulado con la Dirección Especializada contra la Corrupción y la policía judicial del Grupo de Recuperación de Activos Ilícitos -GRAI- del CTI, apoyados por el Ejército Nacional.
Los bienes detectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-.
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