Aplazaron la audiencia de imputación de cargos contra rector de la Uniquindío tras la solicitud del propio acusado.
La Fiscalía aceptó la solicitud de aplazamiento requerida por el rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry, quien es acusado de presuntamente perseguir a miembros del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad.
La audiencia estaba prevista para que se llevara a cabo el pasado martes 19 de febrero, sin embargo ante la solicitud del funcionario se aplazó y hasta ahora no se ha establecido la fecha en la cual deberá realizarse.
Echeverry sería imputado y acusado formalmente por los delitos de violación de los derechos de reunión y asociación, según lo dio a conocer la Fiscalía y el Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos -Sintraadmin-.
Las acciones judiciales se iniciaron luego de que dos empleados del Alma Máter con cargos provisionales y pertenecientes al sindicato, fueran despedidos tras conocerse la fecha de la misma audiencia.
Denuncias del sindicato
De acuerdo con integrantes del sindicato, la persecución ha sido de manera sistemática y se inició por las denuncias hechas en cuanto a las irregularidades en la contratación de las construcciones del nuevo edificio de Bienestar Universitario, los nuevos espacios deportivos de la Universidad del Quindío, así como la «corrupción» de la interventoría a las obras de la piscina, que ni siquiera fue hecha por el programa de ingeniería de la misma universidad.
Según los sindicalistas, el rector ha intentado echarle la culpa a la Primera Línea y la toma de la universidad durante el paro, por los problemas en la construcción de estos espacios, pero la realidad es que hay vicios en la ejecución contractual.
Los funcionarios con fuero sindical afectados son Édgar Salazar Ríos, vicepresidente del sindicato; y Oswaldo Tabares Mejía, fiscal; quien ocupaba cargos que ya están siendo desempeñados en firme por otras personas.
«Así mismo María Alvira Moreno, tesorera del sindicato, y José Freddy Corchuelo Ortiz, son otros sindicalistas que fueron trasladados a otras dependencias alejados de sus especialidades, con responsabilidades impropias a sus niveles educativos», explicaron.
Y es que según las denuncias, los cargos que sacaron a concurso fueron los de las personas que están en el sindicato, mientras que «ni siquiera se sacó a concurso cargos de las personas que renunciaron a la universidad, se pensionaron o murieron, pues hace casi 25 años no se hacían concursos de este tipo, lo que demuestra que la universidad ha sido manejada de manera clientelista», indicaron.
Los sindicalistas han señalado que el presión es tal, que muchos de sus compañeros han decidido renunciar al sindicato, mientras otros han sido constreñidos con sueltos más altos y ayudas a sus familias para que abandonen su labor sindical. El sindicato pasó de tener más de 100 afiliados antes de que Echeverry asumiera como rector, a cerca de 40 actualmente.
Lo que dijo el rector
Frente a los señalamientos por la apertura de concurso de méritos para los cargos en cuestión, el rector explicó mediante comunicado que incluso los mismos que ya ocupaban estos cargos, pudieron concursar a los mismos, pero que en el proceso que adelantó la universidad de Pamplona, otras personas ganaron en franca lid su derecho a ocupar estos puestos al cumplir todas las etapas del proceso de selección, por lo que este lunes 14 de febrero serán nombrados en firme.
Señaló también que a ningún funcionario se le han cambiado sus funciones de manera arbitraria y que siempre su actuación ha sido respetando las normativas de funcionarios del Estado.
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