«Bancos no pueden negar servicios a colombianos que tengan antecedentes penales»: Corte Constitucional.
En una decisión histórica, la Corte Constitucional colombiana estableció que las entidades financieras no pueden negar la apertura de cuentas bancarias a personas con antecedentes penales, promoviendo así la inclusión financiera y la reintegración social de quienes han cumplido sus condenas.
La decisión de la Corte surge tras amparar los derechos fundamentales de un ciudadano que enfrentó la negativa de Bancolombia, Nequi y Davivienda para abrir una cuenta de ahorros debido a sus antecedentes penales.
El alto tribunal ordenó a estas entidades ajustar sus procedimientos internos para evitar decisiones discriminatorias y garantizar el acceso equitativo a los servicios financieros.
Inclusión financiera, defensa al derecho a la igualdad
«El acceso a servicios financieros no es un privilegio, sino una condición necesaria para ejercer otros derechos y garantizar la reincorporación social de quienes han cumplido con su condena. Negar estos servicios por antecedentes penales constituye una forma de discriminación que vulnera derechos fundamentales como la igualdad y la dignidad humana», señaló el fallo de la corte.
El alto tribunal ha reiterado en varias ocasiones que la actividad financiera es de interés público y que las entidades deben fundamentar sus decisiones en causas objetivas, evitando criterios de diferenciación prohibidos constitucionalmente, como el sexo, la raza o el origen.
La Corte además ordenó a la Superintendencia Financiera expedir una circular con lineamientos claros sobre el acceso al sistema bancario de personas con antecedentes penales. Con esto se busca asegurar un equilibrio entre la prevención de riesgos y la inclusión social, y evitar que los controles del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) impongan barreras desproporcionadas a los ciudadanos.
Esta decisión representa un avance significativo en la lucha contra la discriminación y en la promoción de la inclusión financiera en Colombia. Al garantizar el acceso a servicios bancarios a personas con antecedentes penales, se facilita su reintegración social y se fortalece el tejido social del país.