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Hay consternación e indignación en gran parte de la comunidad quindiana debido a la solicitud de cárcel que pidió la Fiscalía para los 7 jóvenes detenidos acusados de, presuntamente, realizar actos delictivos en medio de las protestas del Paro Nacional en el departamento.

El ente acusador le imputó a los protestantes los delitos de concierto agravado, terrorismo agravado, homicidio tentado, violencia contra servidor público, perturbación en servicio de transporte, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas, obstrucción de vías públicas y daño en bien ajeno.

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La imputación sorprende debido a los delitos de gran relevancia con los que se acusa a los jóvenes, pues en el Quindío no se presentaron mayores desmanes en lo corrido de las manifestaciones desde el 28 de abril, por el contrario, salvo algunas alteraciones por enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en el sector de Versalles en Calarcá, la vía Panamericana en La Tebaida y en la Universidad del Quindío, las manifestaciones, más de 50, fueron pacíficas y ejemplares.

Por su parte el fiscal del caso indicó que los acusados pertenecen a un grupo delincuencial organizado que busca alterar las manifestaciones. Respecto al material probatorio el funcionario aportó interceptaciones telefónicas legalmente obtenidas, videos, seguimientos y reconocimientos fotográficos.

 

Abogado defensor denunció acusaciones temerarias

El Abogado defensor de la primera línea jurídica, Felipe Robledo, denunció que las acusaciones que el fiscal séptimo especializado emitió son temerarias y buscan infundir miedo relacionando a sus defendidos con una organización delincuencial. El jurista advirtió que el fiscal no solo podría estar inventando delitos, sino también a un grupo armado que desconoce.

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«El fiscal está rayando entre lo disciplinario y lo delictivo porque podría estar cometiendo delitos no solamente de injuria y calumnia, sino que también los que atentan a la correcta administración de la justicia», expresó y añadió que en el caso de que el  funcionario continúe con el procedimiento arbitrario, tendrán que acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales de ser necesario.

Por ahora ninguno de los jóvenes implicados aceptaron cargos. Los acusados son Daniel Garibello, Daniela Agudelo, Alejandro Gaitán, Nicolás Barahona, Miguel Ángel García, Wílman Enrique Bravo y Jorge Andrés Gómez.

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