Quindianos Atilano y Diego Javier votaron a favor del fraude electoral en próximas elecciones

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Vía libre al fraude electoral y la corrupción es lo que el Congreso de la República aprobó en los debates del presupuesto de la Nación para el 2022, al tumbar la Ley de Garantías, que protegía el dinero público de ser utilizado en las campañas electorales que se avecinan.

Ahora gracias al impulso del uribismo y del presidente Iván Duque, la Ley de Garantías fue eliminada con miras a que alcaldes, gobernadores y hasta el mismo presidente de la República, puedan realizar contratos en medio de la carrera electoral, con lo cual podrán contar con recursos públicos para fácilmente financiar campañas a través de contratos y convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos que son de todos los colombianos.

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La Ley de Garantías que era un mecanismo para prevenir esa corrupción y fraude electoral, fue tumbada (aunque quienes apoyaron tumbarla dicen falsamente que solo fue modificada), para las para la próxima contienda electoral, con el aval de 54 senadores y 98 representantes a la Cámara, entre los que figuran los quindianos Atilano Giraldo de Cambio Radical y Diego Javier Osorio del uribista Centro Democrático.

La corrupción con esta nueva jugada del gobierno de Duque, fue apoyada por 14 representantes a la Cámara del Partido Conservador, 21 de Cambio Radical, 21 del centro democrático, 21 del Partido Liberal, 19 del Partido de La U y 2 de Opción Ciudadana.

Vea a continuación todos los que votaron para eliminar la Ley de Garantías.

Paradójicamente hace 4 años cuando Juan Manuel Santos era presidente, intentó también darle vía libre a la corrupción eliminando la Ley de Garantías, pero en aquella época el actual presidente, Iván duque, se opuso enfáticamente.

Cómo cambian las cosas cuando se tiene el poder y se puede sacar lucro del mismo:

La única garantía ahora para que no se utilice el erario público en la financiación de campañas politiqueras es que los contratos y convenios que se firmen en medio de las campañas, van a tener vigilancia especial de la Contraloría. Algo que no es nuevo porque se supone que la función de esa entidad es precisamente vigilar de manera especial todos los contratos y convenios que se firmen con dineros públicos.

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