“En el Quindío existen robustas redes transnacionales de narcotráfico dirigidas por Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y agenciadas por el grupo delincuencial Cordillera y combos de barrios que tercerizan el crimen”, denunció la Corporación Ubuntu, Territorio y Paz.
La entidad que trabaja en la defensa de los Derechos Humanos en el Quindío, hizo esta afirmación basada en la Alerta Temprana 041 emitida por la Defensoría del Pueblo en 2020. Hay que tener en cuenta que en reiteradas oportunidades las autoridades departamentales han sostenido que en el departamento no hay grupos armados delincuenciales organizados.
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A propósito de los últimos hechos violentos en Circasia donde 4 personas fueron asesinadas y 3 más resultaron heridas la madrugada del domingo 4 de abril, la Corporación rechazó las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, ya que para él no se trató de una masacre sino de una asesinato colectivo.
Sobre las causas de este hecho sostuvieron que no se trata solo de microtráfico, sino de narcotráfico con influencia de redes internacionales que han penetrado estructuras delincuenciales de diferentes barrios en el departamento. Además culparon al Estado por el grave ciclo de violencia que atraviesa no solo la región, sino el país, por lo cual consideran necesarias políticas sociales de prevención y un mayor compromiso con los Acuerdos de Paz.
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“Este fenómeno tiene total correspondencia con la crisis humanitaria que vive el país, producto de la incapacidad del gobierno de Iván Duque de tomar medidas. Gobiernan para ellos pisoteando los mecanismos del Acuerdo de Paz, los cuales podrían ser de mucha utilidad para construir una política pública de derechos humanos y de seguridad humana en el departamento del Quindío”, enfatizaron.
En ese sentido la Corporación hizo una crítica a las acciones realizadas por las autoridades “Sus medidas reforzarán la grave crisis de DDHH en el Quindío: criminalización de la vida juvenil, militarización del territorio, etc. La militarización nunca ha dado resultados en Colombia y la vinculación de jóvenes a las filas de la fuerza pública va en contra vía a la visión de seguridad humana que requiere nuestro departamento”, concluyeron.
