Si bien la banca pública y privada brinda diferentes herramientas e instrumentos de financiación, los trámites burocráticos pueden convertirse en una enorme barrera para los emprendedores y dueños de pequeñas empresas.
Por fortuna, ahora existe una opción rápida y eficaz de conseguir fondos para llevar a cabo un proyecto: acudir a una plataforma digital de financiamiento participativo. A través de esta modalidad no solo dejamos atrás los largos procesos de solicitud, sino que disfrutamos de una serie de ventajas nada despreciables:
Ventajas para todos
Sin duda, la liquidez inmediata es el punto clave que caracteriza a este tipo de financiamiento. A diferencia de las opciones que brindan las entidades tradicionales, las plataformas online de financiamiento participativo garantiza acceso rápido al capital.
De esta manera, mientras los emprendedores y dueños de PYMEs tienen la oportunidad de emprender en corto tiempo, los inversores disfrutan de una nueva oportunidad de inversión que les permite diversificar su cartera, y obtener rentabilidades que pueden alcanzar el 30%.
En el peor de los escenarios, la rentabilidad varía entre el 7% y el 8%, nada mal comparado con el máximo del 2% que ofrecen la mayor parte de los productos financieros, incluyendo los bonos de deuda de estados solventes y los depósitos de plazo fijo.
Variedad de productos de inversión y seguridad
Actualmente, y de acuerdo a la Ley 5/2015, las plataformas digitales de financiación participativa permiten diversificar a través diferentes productos. Si bien la mayor parte de los interesados apuesta la promoción de proyectos instrumentados mediante préstamos, esta es apenas una de las múltiples opciones.
Existen plataformas dedicadas a la gestión de valores representativos de capital, así como aquellas que se dedican a financiar participaciones de sociedades de responsabilidad limitada.
En cualquier caso, la seguridad está garantizada. Estas empresas operan bajo los lineamientos que establece la Comisión Nacional de Mercado de Valores. De igual forma, se someten a las legislaciones vigentes que regulan el comercio electrónico, incluyendo lo vinculado al blanqueo de capitales y gestión de datos.
Considerando que solo son publicados los proyectos que reúnen ciertas condiciones básicas, eliminan gran parte de los riesgos operativos para los inversores, ya que minimizan las probabilidades de ser víctimas de insolvencias, fraudes y estafas.